Este día, instaurado por la Ley Nacional 26.811 de 2013, se adoptó en memoria del asesinato de parte de efectivos de la policía bonaerense de Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, en el barrio Ingeniero Budge, de la Provincia de Buenos Aires. El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue contemplado por, familiares y vecinos de las víctimas que se organizaron para pedir justicia. La conmoción fue tal que movilizó al barrio para que el caso no quedara impune. La ejecución de los tres amigos popularizó la expresión “gatillo fácil” para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboró el manual Derechos Humanos frente a la Violencia Institucional, en el cual se definen lo que deben estar presentes para que un hecho sea considerado como de violencia institucional. La define como toda aquella práctica que implique un abuso, omisión de un reclamo o impedimento del pleno ejercicio de un derecho por parte de una determinada institución pública, principalmente de las órbitas de seguridad, salud y justicia, sobre la ciudadanía. Además deben ser prácticas específicas por funcionarios públicos en contextos de restricción de autonomía y libertad 

Recordamos días atrás el asesinato del docente Carlos Fuentealba en manos de la policía de Neuquén, en medio de un operativo represivo. En Mendoza el caso mas resonante de violencia institucional en democracia fue el asesinato de Sebastián Bordón un joven de Moreno que se encontraba de viaje de egresados en San Rafael. El asesinato y su juicio desenmarañó el abuso de poder rige en la policía de Mendoza y se creó una fiscalía para casos de violencia institucional, producto de un acuerdo ante la CIDH. 
Los casos de violencia institucional continúan sucediendo, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Mendoza, alertó sobre la cantidad de denuncias por arbitrariedades cometidas por la Policía provincial y solicitó que se cumplan las medidas establecidas para evitarlas.

Desde el compromiso universitario tenemos el deber de trabajar en la promoción políticas integrales que permitan continuar reformulando el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático con plena orientación al respeto de los Derechos Humanos.

Más información en: http://www.jus.gob.ar/media/2932203/violencia_institucional.01.pdf