Según datos de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCUYO, entre 2017 y mayo de 2024 se expusieron140 casos de violencia machista en la Consejería de Género. Es la única instancia formal que brinda asesoramiento legal, acompañamiento terapéutico y social, e información sobre los recursos y herramientas disponibles. Las situaciones son diversas, pero, en conjunto, dejan expuesta la lógica de la violencia: aunque el ministro de Justicia sostenga que “la violencia no tiene género”, el 93 % de las denunciantes son mujeres e identidades feminizadas y el 93 % de las personas señaladas son varones. Además, a excepción de los estudiantes, el 73 % de los señalados representa algún tipo de autoridad para la denunciante.
Los protocolos son herramientas de intervención situadas en una institución y estandarizan procedimientos de actuación ante una situación específica. El protocolo contra la violencia patriarcal, entonces, establece formas de proceder ante la agresión o discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad de género. Paulina Serú, socióloga de la Consejería –que pertenece a la Dirección de Género y Diversidad de la Secretaría de Bienestar de la UNCUYO– explicó a Unidiversidad que el objetivo final es erradicar las violencias: regular las formas de actuar ante un hecho específico también apunta a la transformación social. Su dimensión simbólica es tan importante como su dimensión instrumental.
El protocolo de intervención ante denuncias por violencia de género de la UNCUYO tiene ya algunos años y están trabajando en actualizarlo, pero eso no opaca la herramienta. Esto queda claro cuando los datos muestran que, en más de la mitad de los abordajes, las mujeres y personas trans aseguraron que la Consejería fue el primer espacio al que acudieron en búsqueda de asesoramiento y acompañamiento, pero –cuando la consulta tuvo que ver con una situación de violencia– el 86 % lo expuso de alguna manera antes de acudir a la Consejería. Es decir, habían puesto en palabras la situación y, de alguna manera, buscado ayuda. Incluso en el 72 % de los casos, el espacio académico o institucional ya tenía algún tipo de conocimiento.
Sabiendo esto, avanza la socióloga, se puede decir que –además de regular las formas de actuar– el protocolo, a través de la Consejería, establece ámbitos de confianza y contención donde las personas que se han visto afectadas por estas problemáticas tienen un lugar adonde acudir para ser escuchadas de manera respetuosa y establecer algún tipo de abordaje y resolución. Sin embargo, el 44 % de las denunciantes no conocía el protocolo y el 51 % manifestó dudas y desconfianza sobre la herramienta, su efectividad y las consecuencias de iniciar el procedimiento. Sin dudas, faltan instancias de difusión y mejorar varios aspectos.
A decir verdad, al principio podía llevar más de un año la resolución de casos de violencia de género, pero los tiempos fueron disminuyendo, aunque el protocolo –por el momento– sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué cambió? "Cambió la mentalidad de los agentes, hay mayor compromiso —respondió Serú—. Ha sido un proceso de aprendizaje institucional y de construcción de consensos que ha permitido ir permeando la perspectiva en los distintos espacios”.
Este cambio indica que el protocolo contra la violencia machista, entonces, sí es una herramienta de transformación, no solo de atención de casos puntuales como sucede en la Justicia Penal. Tener este reglamento –como lo tienen casi todas las universidades que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)– “establece un mensaje institucional de que esto no va a ser tolerado, de que la universidad toma la responsabilidad frente a la problemática y de que, como comunidad, nos comprometemos a transformarla”, manifestó la entrevistada.
Es que, aunque el protocolo se activa a partir de una denuncia, desde la Consejería entienden que las violencias son estructurales, es decir que el señalado responde a patrones que son culturales y sociales. De poco sirve sancionar a una persona individualmente si no trabajan sobre las condiciones que posibilitan, reproducen y sostienen las violencias.
“Hemos tenido casos muy graves, con formas muy explícitas, pero el gran volumen de situaciones con las que trabajamos son violencias sutiles, complejas y más invisibles que no serviría de nada llevar al ámbito de la Justicia Penal. Es por eso por lo que el protocolo también trabaja desde otros abordajes. Erradicar la violencia es erradicar la naturalización de la violencia”, explica Paulina Serú.
No solamente buscan la sanción, sino también otro tipo de medidas: de no repetición, de reparación, de protección, y todo eso también lo acompaña “la conse”, como le dicen en el campus. De hecho, en solo 41 de los 140 casos se inició la vía administrativa, es decir, el procedimiento para investigar los hechos, abrir un sumario, juntar prueba y sugerir una sanción.
Sucede que no todas las denunciantes quieren tomar este camino, a veces desmotivadas por los tiempos de resolución, pero sobre todo porque no todas ven en la denuncia la mejor estrategia de resolución de la situación y prefieren otros tipos de intervención. En la modificación del protocolo que están desarrollando, buscan dejar incorporados todos estos abordajes alternativos a la investigación sumarial.
La transformación que se necesita para el cese de las violencias es estructural también. Casi la totalidad de las denunciantes son mujeres y casi la totalidad de los señalados son varones. Pero, además, cuando el señalado no fue un estudiante, el 73 % de las denunciantes aseguró que la persona señalada representa algún tipo de autoridad para ellas en el ámbito institucional. El número es llamativo: el 51 % de las denunciantes son estudiantes, mientras que el 67 % de las personas señaladas son personal de la universidad. Además, del 59 % se conocían situaciones de violencia sexista en el entorno cercano.
Solo en el 1,5 % de los casos, alguien del personal señala a un estudiante, y en el 24 %, estudiante señala a estudiante. El porcentaje sube al 26 % cuando alguien del claustro estudiantil señala a alguien del personal y al 37,5 % cuando alguien del personal académico señala a alguien de su mismo espacio.
¿Qué dice el protocolo?
Desde 2017, y por decisión del Consejo Superior, la UNCUYO cuenta con un Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por situaciones de violencia contra mujeres y personas LGTTTBIQ+. Rige para todas la comunidad universitaria de todos los claustros y de todas las formas de vinculación, es decir, también sobre aquellas que pasan temporal o eventualmente por la universidad. Abarca todas las facultades, secretarías, ámbitos e institutos. Casi todas las universidades nacionales tienen una herramienta de este estilo.
Es la Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal, perteneciente a la Dirección de Género y Diversidad de la Secretaría de Bienestar Universitario, la que recibe consultas por cualquier forma de sexismo, discriminación o violencia patriarcal. También trabaja para incorporar la perspectiva de género de manera transversal en el ámbito universitario. Aunque pueden variar las formas de intervención, el protocolo siempre aplica si al menos una de las dos partes tiene relación con la UNCUYO.
Interviene un equipo interdisciplinario que escucha las situaciones y explica las alternativas posibles. Es la denunciante la que elige qué camino tomar. Actualmente, buscan modificar la herramienta para allanar las soluciones: que se señalen y sancionen las conductas violentas, pero que, además, se incluyan las medidas de reparación y de no repetición, con otras intervenciones de tipo educativas, hacia la comunidad, que buscan la transformación de los sentidos y las prácticas. La reforma también abarca un anexo específico que incorpora la perspectiva de la autonomía progresiva para los casos en que se afecten niñas, niños y adolescentes de la UNCUYO, estén en las escuelas, en el club o donde sea.
¿Cómo se contacta?
Las consejerías pueden ser requeridas por cualquier persona de la comunidad universitaria, no solo por aquella que atraviesa la situación, sino también por alguien como acompañante de aquella. También existe la modalidad grupal de consulta, es decir, el asesoramiento a colectivos que quieran incorporar conocimientos y herramientas para intervenir o trabajar en otros espacios.
En el Gran Mendoza, la sede se encuentra en el Comedor Universitario, ubicado en el predio de la UNCUYO. Los horarios de atención de la oficina son de lunes a viernes de 9.30 a 13.30. También se puede contactar vía mail a consejeria@uncu.edu.ar, o por vía telefónica al (0261) 4135000 (int. 66014) o por celular al 2616949064. En San Rafael, el espacio está ubicado en Irigoyen 221. Su mail es bienestarsur@uncu.edu.ar y su teléfono, (0260) 4424181. Atienden de lunes a viernes de 9 a 13.
