A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UNCUYO reafirma su compromiso con #NiUnaMenos y refuerza su aporte al fortalecimiento de sus derechos. Por ello la máxima autoridad universitaria e integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un acta acuerdo en materia de violencia de género.   

La iniciativa establece la elaboración de una agenda en conjunto entre la Universidad y el Estado mendocino para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad.

La idea es generar un espacio de articulación, a través de una mesa de trabajo con funcionamiento periódico, con integrantes de esos Poderes junto a diversos actores para concretar acciones en salud, educación, trabajo y acceso a la justicia por parte de las mujeres, articulando así iniciativas hacia dentro y fuera de la Universidad.

Además, se elevará para su  tratamiento en el presupuesto 2017 de la UNCuyo, una línea específica de financiamiento para proyectos que aborden la temática tanto al interior de la Universidad como en relación con las instituciones afines a los tres Poderes.  

Por otro lado se desarrollarán acciones dentro del ámbito de la Universidad y de sus facultades para abordar cualquier forma de sexismo, discriminación y violencia contra las mujeres.

La palabra de los protagonistas

Junto a Daniel Pizzi suscribieron el acta la vicegobernadora Laura Montero, la directora de Género y Diversidad del Gobierno provincial Silvina Anfuso y la responsable de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia Stella Spezia.

En el encuentro el Rector se refirió al “ADN” de la Universidad, a ese “capital” con el que cuenta para introducir cambios en la conducta de las personas. “Está demostrado que los cambios conductuales tienen que ver con una educación sistémica, sistemática y repetitiva. Estos deben empezar con una educación de este tipo en las salitas de tres años”, explicó.

“Esta firma no representa algo simbólico, sino que es un acuerdo en donde se materializan recursos económicos para que ocurran los hechos y podamos mejorar la calidad de vida de la población”, agregó Pizzi al referirse a una partida específica de financiamiento para proyectos sobre el tema que deberá ser tratada en el presupuesto 2017 de la UNCuyo.

Por su parte, la Vicegobernadora mencionó dos dimensiones para el abordaje de la problemática. “Una es la de atacar el problema de manera directa, a través del trabajo que hicimos en una ley de procedimiento para violencia, con el compromiso de los tres Poderes; y la otra dimensión es la del cambio cultural. En ese sentido con Pizzi firmamos un compromiso para crear el Consejo Científico Tecnológico, donde la UNCuyo se vincula con la Legislatura para que sus iniciativas se plasmen en la realidad de las normas. Esta articulación es crucial porque creo que en el cambio cultural está la clave del abordaje del problema”, describió la funcionaria.

A su turno, Stella Spezia recordó la labor junto a la decana de Ciencias Políticas, Claudia García, en el desarrollo de políticas públicas para abordar la compleja problemática, y ponderó el trabajo articulado para poder “prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres”.

En tanto que Silvina Anfuso enfatizó que este flagelo obedece a una desigualdad social, “que es la de género y por eso hablamos de violencia de género”. En tal sentido expresó que se deben redoblar los esfuerzos académicos para que los profesionales comprendan esa desigualdad en cada una de sus profesiones y puedan erradicarla. Y añadió: “Revisar las currículas e incorporar la visión de género es una urgencia para abordar el tema. Necesitamos un acompañamiento teórico y de investigación para profundizar y mejorar las políticas”.

Quienes también se pronunciaron fue el vicerrector Jorge Barón al sostener que “debemos pasar de la iniciativa de las personas, como marchas o manifestaciones, a propuestas efectivas a través del trabajo articulado”; y la secretaria de Políticas Públicas y Planificación, Fernanda Bernabé, quien dijo que la Universidad “esta a disposición del Estado para que tenga los insumos necesarios para el diseño de políticas”.