Por un pedido del rector Daniel Pizzi el Consejo Superior aprobó por unanimidad una convocatoria a Asamblea para debatir la paridad de género en cargos electivos. Para para prepararse para ese momento, consejeras y consejeros superiores y directivos participaron de una jornada de reflexión sobre la temática. 

La actividad comenzó con la bienvenida y presentación del secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación de la UNCUYO,  Víctor Ibáñez  quien explicó que un tema de esta envergadura  requería de un trabajo previo de todos los que trabajan en la Universidad. En ese sentido, resaltó la decisión del Rector de conformar un grupo  interdisciplinario para elaborar un borrador que pueda ser un disparador, “para que todos tengamos un lugar desde donde partir, cuando lleguemos a la Asamblea y lo que se decida sea después de un debate con una base”.

En cuanto a la confección del material Ibáñez manifestó que para elaborarlo se tomaron los distintos avances legislativos a nivel nacional y provincial y también las normativas de otras universidades nacionales para poder avanzar sobre ellas e incluso llegó a proponer criterios más allá de lo que hoy está vigente. 

Además el abogado constitucionalista utilizó su experiencia como catedrático  y citó el artículo 37 de la Constitución Nacional que establece: “La igual real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, de esa manera explicó la relevancia del debate que se dará en la Casa de Estudios.

En la jornada también participó la doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires  (UBA) María Inés Tula, quien ofreció una conferencia titulada “¿Por qué la paridad de género en la Representación política?”.

En la exposición la magíster en Ciencias Políticas recorrió la  historia de las políticas de cupo de género en el país y en Latinoamérica para comprender porque no fueron suficiente para garantizar la participación igualitaria. En esa línea remarcó el rol del Estado quien “lejos de mantenerse pasivo, tiene la obligación de generar tratos preferentes respecto del grupo desventajado para revertir la desigualdad estructural detectada y lograr resultados iguales”.

 Además reveló que esta nueva perspectiva pretende “la redefinición de un nuevo contrato social entre hombres y mujeres libre de jerarquía y privilegio”, que responde “al principio de igualdad en derecho político y electoral”.