El APP de la UNCuyo, quien contempla entre sus líneas de trabajo la implementación de herramientas de evaluación de políticas públicas y la promoción de su utilización en el sector público y la gestión universitaria, a través de una postulación metodológica y técnica presentada durante el mes de julio de este año, fue seleccionada por el PNUD como entidad profesional responsable de evaluar el programa “Transformación del Servicio Penitenciario Bonaerense” diseñado y ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
A partir del mes de septiembre se iniciaron formalmente los plazos para llevar adelante el ejercicio evaluativo. Este, tuvo como objetivo central “Evaluar cómo y en qué medida el Proyecto del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires avanzó hacia el logro de los productos planificados durante el periodo marzo 2021-marzo 2023 y si son requeridos ajustes con respecto a la planificación original”. En este marco, se indagó respecto a los factores que contribuyeron u obstaculizaron el logro de resultados, la influencia de la pandemia de COVID-19 en el cumplimiento de las metas y actividades, la calidad de los indicadores y del sistema de información y datos y, el grado de sostenibilidad del Programa, entre otras dimensiones relevantes.
A través de un equipo interdisciplinario, pero inscripto mayoritariamente en el campo disciplinar de las ciencias sociales, bajo un enfoque de evaluación integral y triangulación metodológica, se desarrolló la evaluación del programa. El trabajo implicó un gran análisis de la documentación generada por el proyecto y la realización de una importante cantidad de entrevistas a funcionarios y funcionarios, agentes públicos y de la población beneficiaria del programa. Como resultado de la evaluación, se formularon recomendaciones de mejora y de fortalecimiento de experiencias y políticas ejecutadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Sobre el proyecto evaluado
El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 258 millones de dólares con un alcance de más de 48.000 personas privadas de libertad, dado que el Servicio Penitenciario Bonaerense es el más grande de Argentina. Los actores clave involucrados son Cancillería Argentina, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con otros actores nacionales, provinciales y municipales.
