La reunión de trabajo tuvo lugar el pasado 29 de agosto, en el Espacio Cultural OEI, en CABA, con modalidad híbrida y duró toda la jornada. El objetivo del taller fue “construir colectivamente un marco analítico con criterios y metodologías para evaluar las políticas de transparencia”. A partir de las conclusiones del taller, se elaborará un documento con los acuerdos, hallazgos y propuestas de las personas participantes.
En el primer panel, se expuso acerca de la “Mirada de los órganos garantes nacionales sobre el estado actual de las políticas de transparencia en la región, sus características y desafíos para evaluarlas”. Quienes participaron de este debate fueron: Beatriz Anchorena, Titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, AAIP (Argentina); Ana Tulia de Macedo, Secretaria Nacional de Acceso a la Información, Contraloría General de la Unión (Brasil); Bernardo Navarrete, Presidente del Consejo para la Transparencia, CPLT (Chile); y Virginia Pardo, Directora del Área de Sociedad de la Información, AGESIC (Uruguay).
Alejandro Belmonte, coordinador del APP y presidente de la Asociación Civil EvaluAR, expuso en la mesa de trabajo “Mirada de evaluadores y expertos sobre las estrategias para evaluar la implementación de políticas de transparencia”. Junto a él, expusieron: Natalia Aquilino, Vicecoordinadora de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (RELAC); Silvana Kostembaun, Especialista en Sector Público para América Latina y el Caribe, Banco Mundial; y Guillermo Lagarda, Coordinador de Conocimiento e Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo.
Los aportes de la mesa se organizaron en torno a tres ejes: 1) evaluación de políticas de transparencia y fortalecimiento de evidencias, 2) importancia de la transparencia en la evaluación de políticas sectoriales y, 3) instrumentos para fortalecer la institucionalidad de la evaluación de la transparencia.
Alejandro Belmonte presentó una sistematización de experiencias de Colombia, España y Chile donde se evalúan políticas de transparencia a través de diversas herramientas. Destacó la importancia de incluir modelos que no se centren exclusivamente a nivel de procesos y resultados, sino que incorporen también la evaluación de impactos. En relación con la mejora en la producción de evidencias, recomendó que se incorpore en los modelos de evaluación el debate sobre los fines o funciones de las políticas de transparencia, tanto en su dimensión administrativa (uso de los recursos públicos, integralidad de agentes públicos, etc.) como en su dimensión política (fomentar el diálogo social y fortalecer la democracia.
En cuanto a la transparencia como valor transversal de la evaluación de políticas públicas sectoriales, el Dr. Belmonte resaltó la importancia de fortalecer la cultura de la evaluación en el sector público y la incorporación de criterios de transparencia a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas.
Finalmente, en cuanto a las acciones orientadas a la institucionalización de estos procesos, afirmó la necesidad de fortalecer y actualizar los marcos normativos (frente al riesgo de regresiones normativas), construir capacidades en el sector público, integrar el uso de las evaluaciones en la mejora de la gestión, fomentar una mirada integral de las políticas de transformación digital (especialmente vinculada a los sistemas de gestión de la información) y, estimular la integración de diferentes actores (sistema universitario, sector privado, sociedad civil) con un incremento del involucramiento y participación de la ciudadanía.
Por la tarde se realizó una tercera mesa que contó con la participación de: Luciano Andrenacci, Director de la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, Universidad Nacional de San Martín; Paula Amaya, Docente e investigadora, Especialización en Evaluación, Universidad Nacional Arturo Jauretche; Valeria Serafinoff, Directora de la Carrera de Administración Pública, Universidad Nacional de General Sarmiento; Alfredo Ossorio, Director de la Especialización en Evaluación de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Lanús; Matias Mattalini, Docente e investigador, Especialización en Evaluación en la Universidad Nacional de Lanús; María Gabriela Molina, Docente e investigadora, Especialización en Evaluación en la Universidad Nacional de Lanús; Mariano Mosquera, Docente e investigador, Universidad Nacional de San Martín; y Guillermo Schweinheim, Docente e investigador, Universidad Nacional de San Martín.
