ATPA

Desde nuestra redacción

agenciataller@ciudad .com.ar

Estamos hoy reunidos, 30 años después, para repudiar una vez más el siniestro golpe de Estado de 1976, que instaló la dictadura más sangrienta que conoce nuestra historia. Nos encontramos aquí  varias generaciones, para no olvidar lo que sucedió; para transmitir nuestra verdad; para mantener vivo el recuerdo de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, el dolor de tantos compatriotas asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos y condenados al exilio. Para exigir el castigo de los responsables y ejecutores del genocidio y para seguir luchando por los ideales por los que dieron su vida nuestros compañeros: una Argentina sin opresión ni explotación, una patria liberada.

El golpe militar del 76 tuvo como objetivo imponer un proyecto de país y, para lograrlo, recurrió al genocidio con el fin de instaurar un modelo político económico de concentración de la riqueza, de sometimiento al imperialismo y de desindustrialización. Para esto necesitó destruir las organizaciones populares, exterminando a los luchadores, y someter por el terror a todos los argentinos.

Pero la dictadura fracasó, fracasó en su intento de sellar una Argentina paralizada, aterrorizada, desmovilizada. Fracasó porque volvieron a surgir las luchas, la coordinación, la organización y la participación. Y los ideales de los desaparecidos resurgieron en las marchas y protestas del pueblo, en las rondas de las Madres y los escraches de los H.I.J.O.S., en los reclamos de los trabajadores, en los cortes de los desocupados, en las tomas de los estudiantes, en las fábricas recuperadas, en las luchas agrarias, en el reclamo de los pueblos originarios, en las luchas de las mujeres contra la opresión y discriminación, en las manifestaciones culturales, en las asambleas vecinales, en las luchas antiimperialistas, en los paros, en los actos. Y se puso de manifiesto el 19 y 20 de diciembre en la histórica pueblada; cuando el pueblo se volcó a la calle porque no estaba dispuesto a soportar otro estado de sitio; y mostró que este pueblo tiene memoria, y que, a pesar de las tergiversaciones históricas, ideológicas y campañas, ha hecho su balance de lo que fue la dictadura. Por eso compañeros podemos decir que fracaso la dictadura.

Pero la dictadura gestó impunidad, y la impunidad la aplicaron los sucesivos gobiernos de turno, que declararon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos, las excarcelaciones, etc. Y tuvimos que aprender a luchar contra los genocidas libres, profundizamos la condena social, los escraches, la sociedad fue su cárcel y las marchas en repudio al golpe crecieron, y logramos la anulación de las leyes de impunidad, no por concesión de un gobierno de turno, sino por años de luchas y reclamos. Y algunos represores volvieron al banquillo.

 Sin embrago, en Mendoza, a dos años de haber logrado la anulación de las leyes de impunidad, no hay ningún genocida preso y la Justicia Federal, que mantiene varios jueces involucrados con la dictadura, ha dilatado por todos los medios las investigaciones. El último juez en la causa, nombrado por el gobierno nacional, Dr. Walter Bento inició su gestión con el intento de trasladar las causas de los desaparecidos de Mendoza a Córdoba. Actualmente está volviendo a convocar a declarar a familiares sobre testimonios que hace 20 años están en la justicia. Con estas medidas lo que está haciendo el juez Bento es amparar a los genocidas. Por eso mantenemos nuestra exigencia de juicio político a Bento. Pero el problema no es sólo Bento sino el carácter de esta justicia que está al servicio de los sectores dominantes, que mantiene libres a los Menem, a los Moneta, a los Cavallo.

¿Por qué no se llama a declarar a los represores si existen causas con pruebas suficientes? ¿Por qué no se ha detenido a los genocidas que estaban presos al momento de la formulación de las leyes de impunidad? ¿Por qué no se abren los archivos del estado? ¿Por qué se mantienen jueces involucrados con la dictadura? ¿Por qué el Congreso Nacional aprobó establecer como feriado el 24 de marzo pero se negó a derogar los indultos? ¿Por qué no hay una política de estado para que los niños apropiados durante la dictadura recuperen su identidad? ¿Por qué no hay una política de estado para que ningún genocida, ideólogo o cómplice esté suelto? Sólo lograremos una verdadera justicia  por el camino de la unidad y la lucha popular.

Pero las consecuencias de la dictadura no terminaran colocando tras las rejas a sus representantes, sino que hay que terminar con el proyecto político económico que instalaron y que perdura hasta hoy. El actual gobierno sigue reconociendo y cancelando la usuraria deuda externa que instauró la dictadura, y no se trata en el congreso el fallo del juez Ballestero que plantea que es una deuda ilegítima y que es delito continuar pagándola. Se presentan sus pagos como una conquista de la soberanía, mientras el país se encuadra en el FMI y vuele a solicitar nuevos créditos. Contradictoriamente, se argumenta que no hay fondos para salud, educación o aumentos salariales, sin embargo se destinan millones de dólares al pago de esta deuda falsa. Se mantienen las privatizaciones de las principales áreas productivas, y sobre todo, se promueve un modelo de concentración económica que profundiza la crisis estructural de la Argentina y agiganta la desigualdad entre los pocos que acumulan enormes riquezas y los millones que no alcanzan siquiera a percibir un ingreso mínimo que les garantice la subsistencia. Antes del golpe, el 50 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) estaba repartido en salarios, hoy esta cifra esta cerca del 2º por ciento. Así, el genocidio del terrorismo de estado se continuó con el genocidio económico, del hambre y la miseria.

Por otra parte, es alarmante que se vuelvan a utilizar mecanismos gestados en la dictadura para contrarrestar los reclamos populares, argumentando que luchar es ilegítimo, ilegal y un delito. Es inadmisible que un gobierno que dice defender los derechos humanos, tenga como respuesta la represión a los reclamos populares y el procesamiento a los luchadores populares.

Por eso repudiamos la brutal represión que está llevando adelante Gendarmería Nacional, en la localidad de Las Heras, Santa Cruz, con persecuciones, torturas, arrestos ilegales, dejando esta localidad militarizada y en un estado de sitio de hecho. En este marco se inscribe la represión a los organismos de derechos humanos en Mendoza el jueves 23 de febrero en Tribunales Federales, en donde arrestaron a dos compañeras de H.I.J.O.S., o el arresto a los compañeros de organizaciones de desocupados por repartir volantes, utilizando una ordenanza de la dictadura como argumento de su arresto, violando todo tipo de libertad de expresión.

No vamos a permitir aventuras represivas por parte de los gobiernos de turno para callar las protestas populares, y cada acto represivo encontrará la unidad y el rechazo del pueblo.

Por último, no podemos dejar de mencionar las gigantescas luchas que atraviesan los pueblos Latinoamericanos y el enfrentamiento heroico del pueblo irakí a la ocupación yanqui. No podemos dejar de mencionarlos porque la lucha contra el imperialismo es la lucha contra los mayores responsables del golpe. Así como ayer, los imperialismos gestaron dictaduras, hoy en día, vuelven fomentando guerras y dependencia. Por eso nos solidarizamos con las luchas de los pueblos hermanos y repudiamos cualquier intento de agresión contra los países que resisten y enfrentan la agresión y la dependencia imperialista.

Nuestra lucha para terminar con la impunidad de los genocidas de la dictadura- que seguiremos sin claudicaciones hasta ver a todos y cada uno detrás de las rejas- no se agota allí. Sabemos que esa lucha incluye terminar con la impunidad de los genocidas de hoy: los que matan de hambre, de miseria, de frío, de desocupación.

Nosotros, los aquí reunidos, somos parte de un pueblo que lucha desde hace muchos años por un país donde sean posibles el pan, el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda, una niñez y una vejez protegidas, una juventud con futuro, justicia y plena vigencia de los derechos humanos. Somos parte de un pueblo que quiere vivir con dignidad, en una Argentina liberada.

Hemos aprendido en estos 30 años que es en vano delegar la resolución de nuestros problemas a los políticos de turno, que ningún gobierno de turno puede arrogarse la representación de los desaparecidos y que ninguna justicia se logrará sin la movilización popular. Que es el poder del pueblo en la calle lo que permite alcanzar nuestros reclamos, y que la condición para esto es fortalecer la unidad y la participación de todos los sectores y actores sociales para lograr el fin de la impunidad, de la represión y de la dependencia externa. Por eso, así como cada 24 de marzo, sorteando todos los embates, nos comprometemos a seguir dando nuestro presente en la lucha hasta que la Patria que soñaron nuestros detenidos desaparecidos, se haga realidad.