SALTA– El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, opinó ayer que la venta de la reserva General Pizarro dará trabajo a mucha gente, dijo que el principal recurso natural a cuidar es el ser humano y consideró que los lotes “estaban siendo invadidos y es mejor que sean trabajados”. “A esa reserva no había forma de cuidarla y sus lotes estaban siendo invadidos”, manifestó el mandatario salteño al hablar por la emisora local AM 840. Al ser consultado sobre la resistencia que a nivel nacional ejercen grupos ambientalistas, como Greenpeace, por la venta –a través de una licitación pública– de estas tierras, que conforman la Reserva Natural General Pizarro, del departamento salteño de Anta, dijo que este accionar “le va a dar trabajo a la gente”. “Nosotros cuidamos los recursos naturales pero el principal recurso natural que queremos cuidar es el ser humano, es el salteño que todavía no tiene trabajo ni la posibilidad de ser propietario de una tierra para trabajar”, sostuvo. Añadió que “aquí no se trata de latifundios ni de nada, sino de muchas parcelas para que la gente trabaje, para que produzcan los empresarios, y de pequeñas parcelas para los pequeños productores”. Asimismo, afirmó que “en esto ya la decisión está tomada y en marcha”. “Lo único que nos queda por ver es si los precios que se han obtenido en las ofertas son convenientes ”, subrayó. Dura crítica universitaria El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta emitió ayer una declaración en contra de la venta por parte del gobierno provincial de la Reserva Natural de General Pizarro. “Los estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional de Salta resaltan particularidades en las características de los suelos, la flora y la fauna como una zona de alto interés científico”, dice el informe. La rectora de la universidad salteña, Stella Bianchi, consideró que, al igual que las organizaciones y entidades ambientalistas, el Consejo Superior de esa casa de estudios entiende que “la venta de áreas naturales protegidas constituye un antecedente jurídico y político que abre las puertas a una nueva vuelta de tuerca en el proceso de enajenación y entrega del patrimonio nacional”. “Así se iniciaron las fraudulentas privatizaciones del gas, petróleo, ferrocarriles, con las fatales consecuencias sociales, económicas y ecológicas que hoy padece nuestro país”, completó el documento.