Según los relatos de la víctima, un oficial de la policía de Mendoza de apellido Bastías habría llamado al intendente de Guaymallén diciéndole que “no se preocupe, que todo esta bien” cuando era conducida detenida a una comisaría.
El hecho sucedió el 22 de febrero pasado cuando la mujer que denunció haber sido abusada sexualmente estaba realizando una protesta contra las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.) y la Municipalidad de Guaymallén, debido a la estafa que sufrió por parte de la Cooperativa El Triángulo, que vendió muchas más casas que las construidas.
La supuesta comunicación telefónica entre el efectivo y el Intendente de Guaymallén, el radical Juan Manuel García, es lo que hace pensar en las vinculaciones políticas. “El mismo juez tiene una sospecha o al menos una pista investigativa que involucra el aspecto político desde el momento en que ha citado a declarar al Director de Vivienda de la municipalidad de Guaymallén”, dijo el abogado de la víctima Tristán Casnati.
El letrado sostiene lo elocuente “que tratándose de un acto eminentemente político, después de que el Director de Vivienda de la municipalidad (Santiago Navarra) les pide que terminen con la protesta, llegan los policías a reprimir”. Casnati dijo a Agencia Taller que “hay elementos como para sospechar que puede haber una orden de un político, teniendo en cuenta que llegaron varios móviles sorpresivamente y unos cuantos policías”.
Mientras tanto, consultado por Agencia Taller, el jefe comunal se defendió y dijo que “no está involucrado en este caso y que nunca estuvo al tanto de la represión que sufrieron las personas que estaban manifestando en el lugar”. En el acto de la protesta se encontraban distintas figuras del ámbito político, junto a reinas vendimiales en la Bodega del 900, un reconocido restaurante de esta provincia. Fuera del lugar un grupo de personas integrado por tres mujeres, un barón y un bebé de un año, se manifestaban con una pancarta. La policía tomó conocimiento de la protesta y resolvió reprimir.
A partir de ahí se desencadenaron una serie de hechos protagonizados por el oficial Bastías que incluyeron escenas de acoso sexual y abuso de autoridad. Como consecuencia de los golpes, el bebé de un año debió ser internado en un hospital con traumatismo de cráneo. Después de radicar la denuncia, la mujer debió ser tratada por una psiquiatra y una psicóloga por un cuadro de depresión aguda.
Actualmente, las autoridades llevan adelante dos investigaciones paralelas: una causa judicial que se tramita en el Séptimo Juzgado de Instrucción, donde a Bastías se le imputan los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Y una causa administrativa en la Inspección General de Seguridad (IGS), una oficina de asuntos internos que investiga las faltas de la Policía. Recién el 18 de marzo, casi un mes después de ocurrido el hecho, la IGS identificó con nombre y apellido al agresor “oficial Edgardo Bastías”; y resolvió castigarlo con 30 días de suspensión, una rebaja del 50% en su salario y retirarle el arma oficial. El abogado Casnati piensa que probablemente cuando termine la suspensión de Bastías las autoridades tomarán dos caminos: asignarle un destino diferente o prorrogarle un mes más la suspensión.
El presidente de la Inspección General de Seguridad, Osvaldo Tello expresó a Agencia Taller que, a partir de denuncias anónimas, en lo que va del año se han realizado 700 expedientes por faltas administrativas cometidas por miembros de la policía. Este dato refleja las grandes falencias que existen en los sistemas operativos de seguridad de la provincia.
María Laura Salvo
Departamento de Política
