Ecuador está viviendo un momento histórico. Hace unos días el pueblo ecuatoriano reclamó para que el presidente Lucio Gutiérrez renuncie. Así fue, pero los trabajadores anunciaron que vigilarán de cerca al gobierno del nuevo presidente Alfredo Palacios a quién pidieron  que respete el derecho de contratación y organización, como así también derogue un reglamento de trabajo por horas que consideran “dictatoriales”. Además reclamaron que el gobierno anule todos los acuerdos laborales suscriptos por el ex presidente.

Según el  Banco Central, Ecuador registró un desempleo del 12% en marzo pasado y un subdesempleo del 45 %. Por otro lado se afirma que el 56% de los ecuatorianos vive con sólo dos dólares por día (INEC) y el salario mínimo de los trabajadores del sector privado es de sólo 150 dólares mensuales. Dato importante, ya que el costo de vida es alto. Esto se ve reflejado en los estratos sociales, donde no existe la clase media. Además  UNICEF  reveló que alrededor de un millón de niños menores de 17 años trabajan. A su vez, en este país, el nivel de corrupción es el mayor de Latinoamérica, de manera que la clase política está totalmente desacreditada.

El rechazo unánime al proyecto de reforma laboral que desmantelaba derechos y garantías de los trabajadores y aumentaba la jornada de trabajo sin incremento salarial empeoró la situación.

Estos son algunos de los tantos motivos por los que más de 50.000 personas, días atrás, salieron a reclamar. Las protestas y manifestaciones tuvieron un claro objetivo: la renuncia de Gutiérrez. Nada los pudo detener, ni el grueso piquete policial, ni las bombas lacrimógenas. 

Finalmente, Gutiérrez se fue, pero el pueblo ecuatoriano todavía no está conforme y se une en un sólo grito: “Que se vayan todos”, puesto que están convencidos de que en el actual Congreso Nacional está la raíz de la inestabilidad del país.

Esta situación ya tiene antecedentes. Y no es la primera vez que el pueblo derroca un gobierno en este país latinoamericano. En 1997 Abdalá Bucaram propuso un paquete de medidas económicas, entre ellas el aumento en los precios de los combustibles y el gas de uso doméstico. Esto produjo un  rechazo de organismos sociales y un descontento en la población que trajo como consecuencia un primer paro de transportistas de combustible, provocando el desabastecimiento e inmovilizando con ello a varias ciudades. Luego de las repetidas manifestaciones que desacreditaban en forma creciente la capacidad de Bucaram para gobernar, se inició una sesión extra del Parlamento en la que predominaron agresiones verbales y donde se declaró vacante la Presidencia de la República. Los legisladores invocaron el artículo 100 de la Constitución aduciendo incapacidad mental de Bucaram para gobernar.

La historia se repite en el 2000 con la caída del presidente Jamil Mahuad, a causa de varios factores que terminaron con la paciencia de la población. Mahuad anunció la dolarización oficial de la economía ecuatoriana a fines de 1999. El Banco Central no logra controlar la divisa estadounidense y debido a esto el parlamento popular, organizado por la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales, pide la renuncia de Mahuad.

El Presidente declara el estado de emergencia nacional por las protestas callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades. Mahuad se negó a revocar el decreto de dolarización anunciado diez días antes y en El Ejido comenzaron las concentraciones.
Miles de indígenas y efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, en una alianza, ocuparon las sedes del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, declararon cesantes los poderes del Estado y anunciaron la formación de una Junta de Gobierno de Salvación Nacional integrada por Lucio Gutiérrez, en primera instancia.           

Mahuad huyó de Carondelet y se refugió en la Base que la Fuerza Aérea tiene en el aeropuerto Mariscal Sucre. El 22 de enero del 2000 el vicepresidente Gustavo Noboa tomó el juramento como jefe del Estado.

Argentina fue otra de las naciones donde, al igual que en Ecuador y en la mayoría de los países de Latinoamérica, se implementaron medidas de corte neoliberal.

Dichas medidas fueron impulsadas, desde un principio, por gobiernos militares mediante métodos  nefastos. La desaparición y asesinato de integrantes de movimientos sociales y la imposición del terror al conjunto de la sociedad civil fueron necesarios para llevar adelante las políticas ya mencionadas.

Las características más sobresalientes en términos económicos de esta época fueron la apertura del mercado de bienes y capitales; la erosión de la industria nacional; el incremento de la deuda externa y la estatización de la deuda privada.

Si bien en la década del 80, con la llegada de la democracia, el sistema de organización política da un giro, el económico, continúa por la ruta del neoliberalismo.

Los años 80 terminan con una crisis inflacionaria y una reestructuración del Estado. La privatización de empresas de patrimonio estatal y la mayor apertura de la economía nacional se planteó entonces como una salida a la crisis.

Finalmente en el año 1989 mediante presiones de grupos extranjeros se produce la caída del gobierno radical de Raúl Alfonsín  en medio de una crisis de hiperinflación.

La década del noventa, que algunos llaman la segunda década infame de Argentina, comenzaría con Carlos Menem como presidente de la República. Desde el comienzo encaró mediante la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado, y una reforma tributaria regresiva, una modificación de la estructura estatal que terminaría por destruirla.

Con la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de economía en el  91 se lanzó el Plan de Convertibilidad. Un año más tarde finalizó el cese de pagos de la deuda contraída con los organismos crediticios internacionales.

El mismísimo Cavallo sería nuevamente ministro de economía en la sucesiva presidencia de Fernando de la Rúa, hombre del radicalismo, que a través de una alianza con otros partidos políticos llegó al poder ejecutivo, al vencer a Duhalde en las elecciones.

Lo que determinó la huida de De la Rúa y  las protestas sociales fue, entre otras cosas, la escasa voluntad de cambio de las políticas implementadas por el gobierno anterior; la no oposición a las demandas realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; el descontento de la clase media (consecuencia de la usurpación de sus ahorros por parte de los grupos bancarios internacionales); y los saqueos realizados por personas pertenecientes a sectores marginados.

Tampoco son ajenos a esto Nicaragua y Bolivia. Unas diez mil personas marcharon por las calles nicaragüenses al pedir la renuncia del presidente Enrique Bolaños. El hecho se desató cuando el primer mandatario trató de detener una marcha en contra de la carestía de vida. La población, que no toleró la situación, colmó las calles de casi todo el país al grito de “Bolaños renuncia”.

Por su parte, en Bolivia el pueblo tuvo que reaccionar ante la tentativa de renuncia del presidente Mesa y la posibilidad de que en el país hubiera un nuevo golpe de estado. Si bien los bolivianos no están totalmente satisfechos con la gestión de su presidente, y ésta está en la mira por los conocidos hechos de corrupción, prefieren que continúe su mandato ante el riesgo de terminar con la democracia.

Todos estos movimientos sociales que se hacen cada vez más comunes en Latinoamérica tienen una causa común: la implementación de políticas neoliberales. Estas políticas provocaron fuertes cambios en el escenario social. Uno de ellos fue el aumento del desempleo, y una marcada diferencia en la distribución de la riqueza que trae como consecuencia un índice cada vez más amplio de gente por debajo de la línea de pobreza.

Un sistema que impulsa el capitalismo sin fronteras mediante una dictadura de mercado, donde el Estado tiene una intervención mínima. A ello se le suma una fuerte crisis de legitimidad generalizada de los gobiernos.

La globalización planetaria de finales del siglo XX está basada en el capital del Primer Mundo. Quienes invierten en Latinoamérica homogenizan la economía y establecen una nueva colonización, esta vez por medio del mercado.

Luego de casi 30 años de aplicación del modelo neoliberal, la mayoría de la población, que obviamente están al margen del sistema, debe salir a las calles y pedir un cambio. Cambio político y económico que al menos los incluya.

Este fenómeno que comenzó en la década del 90 se diferencia fuertemente de los movimientos organizados en los 70. Estos últimos se caracterizaban por una lucha política con claros objetivos. Grupos que sabían hacia dónde dirigir sus planteos y querían cambiar las bases del sistema.

En la actualidad se observa una tendencia individualista en las protestas. Cada uno se moviliza a favor de sus propios intereses y sin una visión totalitaria de la sociedad.

Hoy Latinoamérica está inmersa en una democracia meramente formal. Donde no se tienen en cuenta los problemas regionales de esta parte del continente. Además la población queda excluida de la participación política y su papel se reduce al del simple consumidor.

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