La decisión del Consejo define que todas las dependencias académicas y administrativas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales deberán respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de cualquier persona que estudie o trabaje en esa Unidad Académica en toda circunstancia y siempre que corresponda.

La normativa se basa en la idea de que la identidad sexual es uno de los aspectos más importantes de la identidad personal y está presente en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto. El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Estos derechos están protegidos en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.

El proyecto explica además que el hecho de que un estudiante o personal docente o no docente de la Facultad, cuando debe realizar ciertos trámites sea nombrado o nombrada en padrones electorales, citaciones, circulares, memorandos, registros, listados, notas, actas, constancias de asistencias, con el nombre que figura en su DNI, puede implicar una violación implícita al respeto que merece su derecho a la identidad de género y llegar a constituir un hecho discriminatorio.