Hubo apoyos desde el Gobierno y críticas de la oposición y entidades de medios.

Con críticas a la posible discrecionalidad del Estado, los riesgos para las inversiones y el momento elegido que coincide con la campaña electoral, arrancaron las discusiones por el nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión, en una mesa de diálogo que organizó la UBA y que contó con funcionarios del Gobierno, legisladores, gremios e integrantes de cámaras de medios.

La inauguración del debate la hicieron el rector de la UBA Rubén Hallú, los secretarios General Carlos Más Vélez y de Relaciones Institucionales, Ariel Sujarchuk.

El interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, dijo que "no puede perdurar vigente la Ley de la dictadura" y agregó que se impone un debate serio en el Congreso para "atar diferencias". Para el funcionario "se va a encontrar un camino de consensos para saldar esa vieja deuda de la democracia".

Sin embargo, menos entusiastas fueron los opositores. Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica, consideró que "es un tema que tiene que ser política de Estado, por eso lo peor no es no tratarla sino tratarla sin consensos". En esa línea, Luis Lusquiños, del Frejuli, dijo: "Estos proyectos reguladores, paternalistas, que creen que al pueblo hay que guiarlo por que es una masa no nos interesan". La radical Silvana Giudici insistió que durante los seis años de Gobierno el kirchnerismo "nunca le dio preferencia al tema en el Congreso" y Federico Pinedo, del PRO, pidió "mayor claridad en los objetivos que se buscan". Por su parte, el diputado del bloque SI, Eduardo Macaluse, sostuvo que "el momento elegido es dudoso. Necesitamos un debate serio".

Del lado de las entidades periodísticas, Martín Etchevers, de ADEPA, puntualizó algunos aspectos polémicos del proyecto, entre los que incluyó "la discrecionalidad que tendrán los gobiernos en el otorgamiento y revisión de las licencias, o la inseguridad jurídica que implica su carácter retroactivo". A su turno, Walter Burzaco, titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), defendió la producción local de contenidos que realizan los cables y criticó "el ingreso de las empresas de servicios públicos a la actividad".