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Atrapados en azul

Las reformas realizadas por el gobierno de Mendoza en materia de seguridad profundizan la “mano dura” y el poder policial. Fueron exigidas por un grupo de vecinos de la acomodada zona de la quinta sección de la ciudad capital.

01 de noviembre de 2005, 15:48.

“Ellos nos protegen de ti,

de ellos quién nos va a proteger” (Ismael Serrano)

Agencia Taller

agencia@uncu.edu.ar

El gobernador Julio Cobos (UCR) impulsó una serie de modificaciones en el gabinete ministerial en relación a las áreas de justicia y seguridad. Justicia pasó a depender del Ministerio de Gobierno y se constituyó el Ministerio de Seguridad. El flamante ministerio estará a cargo de Miguel Bondino, quien se desempeñara como director del Registro Civil y tuvo un paso por la disuelta Inspección General de Seguridad.

Bondino estará secundado por Omar Pérez Botti (PJ), director hasta entonces del inhabitable penal mendocino, y por Héctor Quiroga, un ex comisario que participó en la fallida y turbia investigación de la causa del asesinato de José Luis Bolognezi.

Con la designación de Quiroga como Director General de la Policía se vuelve al modelo de “un uniformado al frente de la fuerza”. Este punto, entre otros, fue parte de las demandas expresadas el último jueves frente a la casa del gobernador por parte de 400 vecinos de la adinerada zona de la quinta sección. Ese día, en un marco de tensión, Julio Cobos enfrentó a los manifestantes y prometió medidas al respecto, tras lo cual sufrió un desmayo.

Las modificaciones dadas a conocer por el gobierno provincial incluyen la aprobación de la “Ley de escuchas telefónicas” y la eliminación de la instancia de control político sobre la fuerza policial. Efectivamente, desaparece la Inspección General de Seguridad, estructura que poco aportó en la recepción e investigación de denuncias de abuso policial, malos tratos en comisarías, apremios ilegales y demás violaciones a las garantías individuales en las que habitualmente incurre la policía de Mendoza. Asuntos Internos volverá ocupar ese rol desde ahora. Esto significa dar un paso atrás respecto de la reforma policial de 1998, que implicó, al menos, algunos avances en cuanto a una purga policial y poner a un civil al mando de la fuerza. Aunque hay que aclarar que esta reforma nunca llegó a los objetivos y profundidad necesaria para atacar la impunidad y abusos policiales.

El diario Uno en su edición del martes 1 de noviembre informa acerca de las nuevas designaciones bajo el título “Los que nos defenderán de los delincuentes”. Pero… ¿quién nos protegerá de estas políticas?

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