Las cámaras le dieron imagen, los micrófonos se abrieron para escuchar la protesta, los grabadores reprodujeron testimonios, los hechos ocurridos se redactaron y el reclamo salarial de los distintos sectores, desde la salud hasta los docentes, judiciales y empleados de estaciones de GNC se oyó a través de la prensa. Sin embargo, nada se escucha sobre las precarias condiciones de trabajo de los periodistas que día a día informan a la comunidad.

Silenciosamente, los trabajadores de prensa de Mendoza han recurrido al Sindicato de Prensa local y a la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) para reclamar ante los organismos provinciales la puesta en vigencia de la nueva escala salarial que surge de lo establecido en el convenio 17/75 del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Allí se fija un escalafón de categorías y estipula una remuneración a partir de la aplicación del nuevo salario mínimo vital y móvil que determina el decreto 1192/04 aplicable desde el 1 de septiembre del 2004.

La demora del pago de esta nueva escala por parte de los medios ha generado una deuda de las empresas mediáticas con sus empleados sobre los haberes que rigen por el convenio mencionado. Acumulación que en algunos casos es negada.

Los periodistas son una caja de resonancia de los problemas salariales que atañen a los trabajadores argentinos, pero no cuentan con la misma libertad de otros sectores a la hora de reclamar por sus propios salarios.

De acuerdo a las diferentes fuentes consultadas, en Mendoza existe una especie de pacto implícito entre los medios de comunicación locales para esperar y demorar lo más posible la aplicación del convenio. Hay  pocas cosas en las cuales los sectores empresarios se ponen de acuerdo, y el aumento de salarios a los trabajadores de prensa es una de esas.

Por caso, el diario Los Andes sostuvo ante los representantes gremiales de los trabajadores que realizaría una demanda con la intención de romper el convenio.

Este diario centenario es el que, de alguna forma, lleva la punta en las negociaciones ya que cuenta con más de cien empleados afiliados al sindicato a quienes les correspondería la aplicación del convenio.

Por otro lado, la preocupación está puesta en las empresas que se manejan con cooperativas de trabajo que no respetan los derechos laborales establecidos en el Estatuto del Periodista.

Este es el caso de Grupo Uno donde el 90 % de sus empleados son “socios” de Cooperativa Servigraf, entelequia utilizada para no incluir a los trabajadores en las plantas de personal de los distintos medios y mantenerlos en situación de precarización permanente, mediante contratos firmados compulsivamente y de los que el empleado ni siquiera puede obtener una copia porque es considerada secreto por la empresa.

Actualmente, el convenio con la nueva escala salarial se encuentra en el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de que lo avale para enfrentar a la patronal de Mendoza que rechaza su legitimación.

En el caso de que la posición de las empresas mediáticas continúe inamovible, periodistas, que por razones obvias hablaron con Agencia Taller bajo reserva de sus nombres, sostienen que el siguiente paso será presentar ante la justicia un embargo colectivo por medio del Sindicato de Prensa.

Previo a esta difícil decisión que conllevaría el enfrentamiento de periodistas con empresarios en obvia desventaja, se piensa en asambleas para encarar el tema del amparo colectivo, teniendo en cuenta que varios trabajadores ya han recibido “aprietes” para abandonar la lucha y ofrecimientos de arreglos económicos.

En algún momento, los trabajadores de prensa de Mendoza tendrán que animarse a reclamar por sus derechos laborales y terminar con la impunidad de las empresas de comunicación. Al parecer, la hora ha llegado.

Departamento de Política