Como parte del cronograma por el mes internacional de la mujer, se presentaron en la UNCUYO algunos de los avances en la implementación de la Ley Micaela a la que adhirió la Casa de Estudios en 2019. En su primera etapa, de octubre a febrero de 2020, se capacitaron en perspectiva de género 334 funcionarios y funcionarias de todos los niveles y jerarquías de la Universidad. Además, se conformó una Red de Referentes de la Ley Micaela en cada unidad académica.
“Como Universidad tenemos una deuda muy grande porque todavía pareciera que no entendemos la importancia que tiene la educación en estos temas. La capacitación empieza en la salita de 4 y ahí tenemos una falla grande. Hemos tenido la posibilidad de hablarlo con las maestras que se sienten en muy buenas condiciones de mediar en la enseñanza pero el tema es armarles los contenidos para que lo logren”, expresó el rector Daniel Pizzi, adelantando que a la par de estas capacitaciones instará a que desde las Unidades Académicas aporten al desarrollo de contenidos que puedan ser utilizados desde el nivel inicial para abordar la problemática de género.
“Los grandes cambios se dan por la capacidad de organización social de las comunidades, pero por sobre todo poniendo en valor la educación desde los tramos iniciales”, reafirmó el ingeniero agrónomo.
Fernanda Bernabé, directora de Políticas Públicas y Planificación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación, hizo referencia a la importancia de los datos relevados en las capacitaciones, que les sirvieron para detectar debilidades, fortalezas y diagramar desafíos a corto plazo. En una instancia previa, que la UNCUYO adhiriera a esta Ley les había permitido generar indicadores de género para toda la Universidad.
Para la implementación de esta primera etapa se conformó un equipo de capacitadoras en articulación desde el Programa Mujeres Libres con el Instituto de Estudios de Género y Mujeres (IDEGEM), la Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal, y la Coordinación de Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar.
En la presentación, entre otros números, se destacó también el valor que tuvo el apartado destinado a la Ley Micaela en el Portal de Transparencia de la Universidad, en donde se puede desde consultar el marco legal hasta descargar material de consulta. En apenas 5 meses tuvo 1766 visitas, y 1352 fueron únicas.
Las capacitaciones
De las 334 personas capacitadas, 80 forman parte del Rectorado y el resto pertenece a 11 unidades académicas. Del total, el 55% fueron mujeres.
La propuesta estuvo dirigida a gestores que impulsan políticas públicas dentro del ámbito universitario, que forman parte de la toma de decisiones y tienen personal a cargo. Es decir, rector, vicerrector, directores y coordinadores de secretarías y áreas del Rectorado, y decanos y vicedecanos de la Casa de Estudios.
Entre los temas abordados en esta etapa, estuvieron: género como categoría analítica; identidades de género; interseccionalidad de las opresiones; división sexual del trabajo y marco normativo (instrumentos internacionales y Ley 26.485). Además, se expusieron las herramientas con las que se cuenta en el ámbito universitario, a través del protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia contra las mujeres y personas LGTTTBIQ.
El camino de la “Ley Micaela” en la UNCUYO
En abril del 2019, el Consejo Superior de la Universidad aprobó mediante la ordenanza 20/2019 la adhesión a la “Ley Micaela”, donde se estableció la capacitación obligatoria en género y violencias contra las mujeres e identidades no heterenormativas para todo el personal docente, no docente y funcionarios de la Universidad.
A través de la Resolución N° 1911/19, el rector Daniel Pizzi definió como órgano de aplicación de dicha normativa para coordinar los planes de capacitación a la dirección de Políticas Públicas y Planificación, perteneciente a la secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación del Rectorado.
La normativa surge a partir de que el Congreso de la Nación aprobó en el 2018 la Ley N° 27.499, denominada “Ley Micaela”, en homenaje a Micaela García, víctima de un brutal femicidio el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. La iniciativa apunta a un cambio cultural y a transformar la política con acciones de sensibilización y capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres, mediante la capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional.
