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Avanza proyecto de ley para prevenir cáncer hereditario de mama y ovario

El Senado mendocino dio media sanción a una propuesta que trabajaron en conjunto profesionales de la facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, el Hospital Universitario y el CONICET Mendoza. Apunta a determinar la predisposición genética de pacientes a sufrir esa enfermedad, y obliga a los prestadores de salud públicos y privados a cubrir el 100% de los estudios y el tratamiento.

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De izquierda a derecha: el legislador Eduardo Giner; la directora de Unidad de Enlace, Andra Lara; la médica genetista de Ciencias Médicas, Alejandra Mampel; del IMBECU, Laura Vargas Roig; la vicegobernadora Laura Montero y Rubén Carón, del IMBECU.

Sin objeciones, y por unanimidad, fue aprobado en la Cámara de Senadores de la Legislatura el proyecto de ley para la creación del Programa Provincial de Prevención de Cáncer hereditario de mama y ovario.

El cáncer es hereditario entre un 5% y un 10%, y los padres tienen 50% de probabilidades de transmitirlo a sus hijos. Por ello lo que esta ley persigue es determinar la predisposición genética de los pacientes, cuyos familiares han sufrido esta enfermedad, a padecerla, y que los estudios para determinarla y las medidas profilácticas necesarias sean costeadas al 100% por los prestadores de salud tanto públicos como privados de la Provincia.

El texto del proyecto fue elaborado en conjunto por investigadores de la facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, el Hospital Universitario y el Laboratorio de Biología Tumoral del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), del CCT CONICET Mendoza.

La propuesta fue presentada por el senador radical Eduardo Giner y contó con el impulso de la vicegobernadora Laura Montero y su tratamiento en las Cámaras a partir de la labor del Consejo Asesor Científico Tecnológico, un espacio de cooperación y asesoramiento técnico que articula casas de estudios, poderes del Estado y organismos especializados.

De aprobarse en Diputados funcionará en la órbita del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, y específicamente en la estructura del Programa Oncológico Provincial.

La iniciativa deberá generar una base de datos con actualización continua para profundizar los estudios epidemiológicos de las enfermedades en cuestión. También tendrá que crear un órgano consultivo ad honorem con representantes de universidades, el CONICET, entidades científicas, la Legislatura Provincial, la Obra Social de Empleados Públicos y toda institución que establezca la reglamentación.

Además coordinará con el IMBECU, el Hospital Universitario y la facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, acciones para mejorar la capacidad de investigación y desarrollo, transferencia de conocimientos, divulgación de resultados, formación de recursos humanos especializados, optimización de equipamiento para la investigación y articulación científico-tecnológica.

La medicina del futuro es la medicina preventiva

Argentina es uno de los países con mayor incidencia mundial en cáncer de mama. Mueren en el país 15 mujeres por día como consecuencia de esta enfermedad, y entre el 7 y el 10% de los casos (cerca de 18 mil) son hereditarios.

Mendoza es la segunda provincia con mayor mortalidad en esta patología, cada vez tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes. Estas estadísticas llevaron a los científicos a la necesidad de relevar datos para mejorar el diagnóstico y la prevención, fundamentalmente de un subgrupo formado por aquellos cánceres de mama y ovario que responden a un componente hereditario.

Como antecedente figura la formación a nivel nacional de la Red Argentina de Cáncer Heredo Familiar (RACAF) que determinó la creación de un Registro de cáncer heredo familiar, para conocer qué ocurre específicamente con las mujeres de la región.

Por ello es que -de convertirse en ley- esta propuesta permitirá que las mujeres que reúnen criterios de sospecha para cáncer de mama y ovario hereditario puedan recibir asistencia y accedan a la cobertura para un correcto diagnóstico, y la aplicación de las estrategias de prevención y reducción de riesgo adecuadas.

Esto redundaría en una más efectiva cobertura del derecho a la salud por parte de la población, y significaría un ahorro para el Estado en materia de medicación y tratamientos paliativos.

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