APM/ATPA Acuerdo de corresponsalía recíproca
02/05/06 En el Día Internacional de los Trabajadores, el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó un decreto que pone en marcha el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, tal cual lo anticipara durante la campaña electoral que lo llevara a la jefatura de Estado, en diciembre de 2005. Es el tercer proceso de este tipo en el país andino, y prevé la ocupación por parte de los militares de las instalaciones petroleras.
"Llegó la hora esperada, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", declaró Morales, desde el yacimiento de San Alberto, uno de los más importantes del país, ubicado en el departamento de Tarija (zona sur).
Flanqueado por sus ministros, el titular del Senado, Santos Ramírez y por efectivos de las Fuerzas Armadas, el mandatario leyó el decreto supremo 28701.
Esta es la tercera nacionalización emprendida por Bolivia, que llevó a cabo sendos procesos en 1937 y 1969. No obstante, desde 1996 -cuando se emprendió la capitalización o privatización de las empresas estatales-, se contrajo la labor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encargada del sector. La nacionalización se convirtió en una las principales banderas de la campaña de Morales, quien se impuso en las elecciones del pasado 18 de diciembre con un 53,7 por ciento de los votos.
"La consigna de la nacionalización de los hidrocarburos se ha convertido definitivamente en un imperativo histórico si queremos hablar de dignidad, de soberanía y de desarrollo productivo del país", señalaba el programa de gobierno que el Movimiento al Socialismo (MAS, partido de gobierno) presentó durante la campaña.
El reclamo de la nacionalización se convirtió en el detonante de las protestas que forzaron la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, cuando habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto marcharon para también expresar su rechazo a un proyecto que preveía la explotación de gas por Chile.
También el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, dimitió, en junio de 2005, agobiado por la intensas protestas que cercaron a La Paz (sede de gobierno), demandando la nacionalización, mientras en el Parlamento se discutía la nueva Ley de Hidrocarburos.
El Congreso boliviano aprobó y sancionó, en mayo de 2005, una Ley de Hidrocarburos que elevó los impuestos a las petroleras a un 32 por ciento y mantuvo en un 18 por ciento las regalías.
Al hacer los anuncios, Morales advirtió a las petroleras que si no respetan esa decisión se "la haremos respetar por la fuerza".
"Se acabó el saqueo de los recursos nacionales por parte de las trasnacionales", anunció Morales rodeado por su gabinete nacional -salvo su vicepresidente, Alvaro García Linera, quien presidió una concentración en la Plaza Murillo de La Paz- y por trabajadores petroleros en el departamento (provincia) de Tarija.
Asimismo, pidió a las empresas que respeten la nacionalización que había sido bandera de su campaña electoral, advirtiendo que en caso contrario "se la harán respetar por la fuerza".
Morales señaló que desde el 22 de enero pasado, cuando asumió la presidencia, primero debió "nacionalizar el Estado", que estaba "descuartizado y privatizado".
El presidente boliviano enfatizó que las petroleras trasnacionales serán "bienvenidas" si aceptan la nacionalización dispuesta por su gobierno, pero advirtió que en caso contrario "el pueblo decidirá" qué hacer.
