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Bolivia: Nueva Ley de Hidrocarburos

Se aprobó después de extensas e interminables negociaciones. Aumenta el control a las empresas extranjeras y se les fijará un tributo más alto. No se logró la nacionalización exigida en las protestas sociales.

03 de julio de 2005, 02:03.

La manera en que los recursos energéticos se manejan en Bolivia en los últimos años, ha llevado a que las tensiones entre los diferentes movimientos sociales y el gobierno se extiendan y profundicen hasta un punto casi sin retorno.

El reclamo de las organizaciones sociales y partidos de la oposición ratificaron que su exigencia era que la nueva Ley de Hidrocarburos determinara el incremento inmediato de la regalía al 50 por ciento en boca de pozo para el estado boliviano. Los grupos indígenas que pidieron una nacionalización de los hidrocarburos durante la ola de protestas provocaron el mes pasado la renuncia del presidente Mesa y su reemplazo por Eduardo Rodríguez.

La nueva ley de hidrocarburos en Bolivia fue aprobada el 27 de junio por el jefe del Congreso, Hormando Vaca Diez. La ley agrega a las regalías del 18 por ciento otro impuesto directo de 32 por ciento, también en boca de pozo, y obliga a revisar los contratos con las empresas, según las diferente crónicas periodísticas.

El gobierno boliviano auditará a las empresas petroleras que operan en el país y fijará un tributo más alto por la explotación de los recursos minerales como parte de la ejecución de la Ley de Hidrocarburos. Actualmente hay 12 empresas petroleras extranjeras que reconocían la propiedad de los hidrocarburos "en boca de pozo" a cambio de inversiones, según lo indica  la Agencia de Noticias Nosis.

El dirigente Evo Morales, ha señalado reiteradamente que el Estado no conoce lo que sucede en la industria petrolera. La nacionalización planteada por Morales consiste, básicamente, en la toma de control efectivo de las instalaciones y la producción de petróleo y gas de las compañías extranjeras, según lo explicó el propio dirigente y parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en una reciente entrevista con la Agencia de Noticias Reuters.

Por tanto, es evidente que la Ley sancionada no representa la esencia de las exigencias populares. Esto hace imaginar un escenario cercano de continuidad de reclamos en torno a la nacionalización del principal recurso económico boliviano. 

Federico Lemos

federicolemos@yahoo.com.ar

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