En Argentina hay 9 jóvenes condenados a prisión perpetua. Es el país con las penas más duras en América Latina. Le sigue Costa Rica donde los castigos a menores de edad alcanzan los 15 años como máximo. En nuestro país la prisión perpetua para los menores está prohibida por el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional.
Y es por eso que estas condenas han derivado en un proceso internacional que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el Estado argentino tendrá que responder por los fallos judiciales.
Los tres jóvenes condenados a perpetua en Mendoza por delitos cometidos antes de los 18 años de edad son:
Saúl Cristian R. C. Condenado por homicidio agravado en concurso real con robo agravado el 6 de noviembre del 2000. Actualmente tiene 24 años y lleva 6 alojado en el pabellón 12 de la Penitenciaria de Mendoza.
A pesar de que la fiscal pidió 20 años de prisión, la Cámara en lo Penal de Menores lo condenó a prisión perpetua. Según dice Saúl, los jueces lo acusaban de no arrepentirse.
Una vez condenado, Saúl nunca más accedió a un puesto de trabajo, ni a una vacante para estudiar. Además, denuncia que nunca lo fueron a ver, ni los integrantes de la Cámara Penal controlaron su situación judicial.
En su legajo figura que tiene conducta ejemplar y un concepto muy bueno. Cuando se le pregunta qué hace en todo el día, dice que trata de hacer gimnasia, deportes y correr por el patio. Afirma que no realiza ninguna actividad organizada, ni recibe atención psicológica, pese a haberlo solicitado.
Diego Daniel A. Tiene 22 años y cumple su condena a prisión perpetua por homicidio agravado desde el 3 de julio de 2002. También está alojado en el pabellón 12. Antes de estar en la Penitenciaria, pasó tres años en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE). Su conducta es regular, y el concepto pésimo, aunque desconoce en base a que parámetros.
Ricardo David V. Fue condenado el 8 de noviembre del 2002 por homicidio agravado. En la actualidad tiene 20 años y está alojado en un pabellón de máxima seguridad, el 11 A. Su abogado, Fernando Peñaloza dijo a Agencia Taller que no fue notificado del traslado a este alojamiento más riguroso.
Ricardo pasa los días sin compañía en su celda. Tiene 4 horas diarias de “recreo”, que es sectorizado, para que no se encuentren los jóvenes que tienen problemas entre sí. El resto del tiempo lo pasa encerrado haciendo manualidades.
Antes de estar en la penitenciaria, a los 15 años, ya había pasado por el COSE. Primero estuvo una semana, y luego diez meses. En ese lapso nunca lo vio una psicóloga o asistente social. Actualmente no realiza ninguna actividad programada, ni conoce el tratamiento que se le ha asignado.
El Dr. Peñaloza cuestiona que una persona que comete un hecho a los 16 años sea tratada con el mismo régimen legal que una que comete el mismo hecho teniendo 25. El letrado se pregunta si los menores “¿tienen la misma comprensión del hecho, la misma formación y la misma capacidad que un mayor de edad?”.
En tanto, Pablo Salinas, abogado penalista y miembro de organizaciones de derechos humanos, explicó a Agencia Taller que “se está aplicando un sistema que no resocializa sino que se limita a imponer una suerte de venganza de la sociedad incluso hasta con los niños y los menores; demostrando un carácter represivo que no es el tipo de sociedad por el cual nosotros luchamos”.
Para concluir este informe, Agencia Taller quiso saber la opinión de uno de los magistrados que firmaron las condenas a prisión perpetua para estos menores. Por eso se contactó con el Juez Carlos Parma.
Luego de haber acordado la nota con su secretaria, Parma se negó a dar la entrevista y las explicaciones pertinentes.
Su negativa impide dar respuesta a varios interrogantes:
¿Por qué los jueces violan la Convención de los Derechos del Niño, explícitamente en su artículo 37?
¿Por qué estos menores son tratados con el mismo régimen legal que una persona mayor de edad?
¿Cuál es la finalidad de penas tan severas, si no hay un sistema que acompañe y controle el seguimiento de las condenas?
El día próximo 18 de mayo funcionarios de la Secretaria de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación mantendrán una reunión para definir el apoyo a un proyecto de ley que impone sanciones más leves a los menores.
“Si esto no se da, daremos por fracasada la etapa de conciliación en la que estamos con el gobierno nacional y la demanda volverá a Washington para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la evalúe y decida si se abre el caso”, concluyó Peñaloza.
María Laura Salvo
Departamento de Política
