Apenas comenzaron las clases, las escuelas debieron adaptarse a una serie de cambios curriculares dispuestos por el Gobierno, que provocó serios incidentes entre representantes del SUTE y la directora general de Escuelas, Emma Cunietti.

El gremio docente interpuso una denuncia penal y la Justicia resolvió que los cambios debía definirlos el consejo de educación, que todavía no está creado.  El Gobierno espera que por estos días el justicialismo defina su representante ante este consejo, que deberá decidir si da marcha atrás con lo dispuesto a principios de marzo.  Si hay que cambiar, habrá problemas en las escuelas.  Por tal motivo, el gobernador Julio Cobos pidió a la Justicia que sea criteriosa en la resolución.

“Vamos a aplicar toda la lógica y toda la razonabilidad, está en manos de la Justicia que también aplique este criterio, para que no perjudique a docentes que ya han tomado sus cargos, para otros que ya de alguna manera han sido reubicados, y sobre todo para 50 mil  chicos que están con un plan, así que nosotros vamos a esperar que el sentido común y la sensatez también emane de quien tiene la responsabilidad de destrabar este conflicto”, indicó Cobos.