Por M. Inés Lucero y Javier Sosa.
Desde San Luís
Agencia Taller
Hoy, después de casi tres décadas, el pueblo argentino no ha logrado cerrar una de sus heridas más grandes. Quizás porque nunca se hizo verdadera justicia, los conflictos en torno a la dictadura militar 1976-1983 están más vigentes que nunca.
El reclamo ha vuelto a tomar fuerza y ésto es visible, ya sea en el tratamiento para la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, en el repudio a las declaraciones de el monseñor Bergoglio, la incansable búsqueda de hijos de desaparecidos y el constante pedido de castigo a los genocidas por parte de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS.
Sin embargo más allá de la gran importancia de estas acciones y hechos no debemos desperdiciar la oportunidad que tales circunstancias nos brindan para repensarnos. Es absolutamente cierto que las atrocidades ocurridas en el llamado Proceso de Reorganización Nacional fueron llevadas adelante por las fuerzas militares y policiales, pero no es menos cierto que contaron con el apoyo y colaboración de numerosos civiles, que fueron cómplices de la persecución, tortura y desaparición de personas durante el terrorismo de Estado.
En 1978 veinticuatro vecinos de la provincia de San Luís enviaron una carta al entonces Almirante Emilio Eduardo Massera (miembro de la Junta Militar de Gobierno). En ésta, solicitaban al gobierno dictatorial la “investigación exhaustiva” y el “castigo ejemplar” de “eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas”. Tal requerimiento fue acompañado por la firma de vecinos y también por la de algunas figuras de la escena política puntana, pero es necesario recalcar que uno de estos “buenos vecinos” es, nada más ni nada menos que, Alberto Rodríguez Saá, actual gobernador de la provincia de San Luís. Este personaje, no solo colaboró con el gobierno de facto, sino que actualmente lleva adelante una política que ha hundido en la miseria (en todos los sentidos de la palabra) al pueblo de San Luís, como continuación, cabe recordar, de los años de gobierno de su hermano Adolfo Rodríguez Saá.
Y es que en realidad no sorprende tal aberración por parte de este señor en contra de los luchadores de los `70; basta prestar atención a sus actuales actos. No puede sorprendernos de una persona que tiene más de treinta mil “pico y pala” trabajando por un sueldo miserable en condiciones deplorables, que amenaza con el despido a los empleados que protestan, que inicia acciones judiciales a docentes por ejercer su derecho a reclamar, que en el año 2004 llevó adelante una de las represiones más terribles que conoce la historia de la provincia ante los reclamos legítimos de los trabajadores, entre incontables acciones que podríamos mencionar.
Aquello que hizo posible que Alberto Rodríguez Saá sea hoy gobernador es, en escencia, lo mismo que llevó a Antonio Buci (partícipe activo del genocidio dictatorial) al poder en Tucumán, aquello que permitió que se indultaran a lo represores, es lo mismo que permite que no se haga justicia y tengamos que cruzar en la calle a torturadores, cómplices y a todos aquellos que contribuyeron a que una generación completa fuera masacrada y que también contribuyeron a que las generaciones posteriores se vieran inmersas en el miedo y la ignorancia. Sin duda otra hubiera sido la historia de este país con treinta mil personas más.
Por ello es de extrema necesidad dar a conocer tales hechos, por ello la lucha debe continuar hasta el final, hasta conseguir el castigo que se merecen los responsables del periodo mas terrible de nuestra historia. Pero para que pueda concretarse es necesario que la memoria vaya mas allá de un mero racconto de hechos, debe ser parte de nuestra vida y de nuestra lucha. Es momento que la historia deje de ser solo recordada para ser incorporada.
