E l caso de la joven jujeña devela como el sistema de poder envuelto en la estructura patriarcal se sigue manteniendo a toda costa, cada vez con más hipocresía y bajo una suerte de desesperación por no perder esta situación tan privilegiada para los hombres y tan denigrante para las mujeres. En éste caso se juntan muchas discriminaciones: ser mujer, ser pobre, ser joven, vivir en la periferia y no tener el acceso libre y gratuito la educación sexual (y general) o al sistema de salud que este Estado ausente no brinda.

Pero no solamente son hombres los que quieren mantener este sistema, por desgracia, hay muchas mujeres conservadoras y, lo que es peor, machistas. Por ejemplo, el caso de la fiscal para el procesamiento de Tejerina, Liliana Fernández, dijo en por lo menos dos entrevistas periodísticas que el Estado es responsable de este tipo de situaciones de violencia y que en sus diez años de trabajo como fiscal del Juzgado de Menores 1, “ha visto infinidad de casos de mamás adolescentes a las que les falta todo y terminan matando a sus hijos”. Es decir que el remedio para ellas es la condena a cadena perpetua o, como en este caso catorce años de prisión, sin siquiera reparar en lo que hay que cambiar desde el Estado y la sociedad para que estas cosas dejen de ocurrir.

Esta absurda contradicción tanto de una mujer que trabaja para la justicia de nuestro país como la de todo el Estado en general, que supuestamente vela por la igualdad de todos, encierra cuestiones de tipo ideológico que tienen que ver con seguir manteniendo la estructura de poder patriarcal; la discriminación por ser mujer y pobre a la vez, y el recorte de la situación. Esto último está referido a dos cosas: al hecho de dejar de correr de eje a la violación, que, en última instancia es un delito contra la libertad y al hecho de que la justicia se mueve en compartimentos estancos, por un lado lo legal y jurídico, por otro lado lo social, por otro lo cultural y podríamos continuar.

Romina Tejerina nacida en San Pedro, Jujuy (Norte argentino), estuvo dos años presa en el Penal de Mujeres de la capital de esa provincia, acusada de homicidio calificado agravado por el vínculo. Apuñaló a su bebé sietemesino concebido a partir de una violación, luego de darlo a luz en el baño de su casa, en medio de un brote psicótico porque vio en el bebé la cara del violador. El recién nacido murió luego en el hospital.

Fue violada por un vecino, Pocho Vargas, a la salida de un baile el 1 de agosto de 2002. En aquel momento tenía 17 años y cursaba el último año de la escuela secundaria. Ella ocultó lo sucedido, incluso el embarazo por la vergüenza y la culpa que le generaron las costumbres y los mandatos sociales de una sociedad que no ha progresado en los temas referidos s la violencia contra la mujer e igualdad de oportunidades. Varias veces intentó abortar pero no pudo ya que no es un procedimiento accesible y está penado por la ley.

Fue víctima del peor de los ultrajes que puede sufrir una mujer y, a pesar de eso, la transformaron en culpable. Fue detenida pero siete meses después denunció al violador quien fue encarcelado solo por 23 días, luego de un escrache organizado por la comisión de derechos humanos del frente de lucha sampedreño y la presión de su familia y del movimiento de mujeres.

Durante 9 meses se le negó la asistencia psicológica y hasta hoy no ha podido estudiar, a pesar de los reiterados reclamos de su defensa y del movimiento que reclama su libertad y cárcel al violador.

El 9 de junio la Justicia jujeña la condenó a 14 años de prisión, para lo cual la familia solicitó el indulto al gobernador de Jujuy y comenzó una campaña para que se reinstale el delito de infanticidio al Código Penal, que preveía una pena máxima de 3 años de prisión para la madre y que fue derogado en 1995.

Dicha Justicia, hasta llegó a apelar por falsos testimonios y a la violación del derecho de defensa, a cargo de Juez Paoloni que, en lugar de investigar el hecho denunciado por Romina, preguntó a los testigos cómo se vestía y cómo solía bailar, como si las violaciones fueran provocadas por las víctimas.

Si bien el Código Penal autoriza el aborto en casos de violación, hay que llegar a la Corte Suprema para que lo avale, lo que ocurriría mucho después de los 9 meses de gestación. Lamentablemente, no se llegó a esa instancia, donde por lo menos Carmen Argibay, reciente miembro del más alto tribunal, quien ha trabajado muy activamente en los Tribunales Internacionales para los Derechos Humanos y específicamente en los crímenes cometidos hacia las mujeres, ha dicho alguna vez que es imposible no creerle en testimonio a una mujer que ha sido violada. Pero incluso más difícil es llegar a la Corte sin medios económicos.

Lo absurdo del caso es que casi nunca una violación tiene testigos y se puede probar. Si Romina hubiera denunciado al violador, no habría podido abortar porque la justicia se lo hubiera prohibido. Estamos hablando de un procedimiento ridículo y carente de lógica.

Para probar una violación la víctima tiene que ofrecer las pruebas en su cuerpo antes de levantarse, bañarse y hacerse cargo de que la violaron. El análisis de ADN podría demostrar, más tarde, que el violador es el padre del niño, pero no que la violó.

El Código Penal, y los procedimientos de declaración y denuncia, como el derecho a defensa en juicio, son a su vez "contravenidos" por policías, fiscales, médicos forenses, jueces y abogados penalistas prestigiosos (que no atienden gratuitamente), cuando se trata de "ciudadanos", pero "pobres".

Está todo muy claro, en Argentina la obligatoriedad del ADN está siendo cuestionada por casos como el de la familia García Belsunce y los represores-apropiadores de bebés durante la pasada dictadura militar. ¿Cómo es posible que un Estado que hace poco tiempo anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tenga éstas contradicciones?.

Resulta increíble pensar la perversión de no creerle a la víctima y justificar la violación con argumentos de como era ella o como se vestía. Todos hicieron oídos sordos a los que realmente pasa, desde el juez Paoloni y juezas Franck de Moreno y Liliana Snopek, el gobernador de la provincia de Jujuy, Dr. Felner, hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigida por Luis Duhalde.

Para los poderes del Estado y hasta para los medios de comunicación, violaciones hay todos los días. Las estadísticas afirman que sólo el 11 por ciento de los casos son denunciados, y que sólo uno de cada 10 de los denunciados recibe castigo, en promedio de 4 años y medio de cárcel.

¿Cuáles son las falencias del Estado además de la contención médica y psicológica de debería haber recibido Romina como cualquier otra mujer violada? El problema es estructural, la discriminación entre lo pudientes y los pobres es atroz y hay escasa educación sexual en los colegios. Romina proviene de una familia de escasos recursos, no recibió una educación sexual adecuada, ni contención de su familia. Entonces, esa ignorancia no pudo ser auxiliada por el Estado, es más, fue favorecida por él ya que no hizo nada por los bajos recursos de la joven.

No obstante, lo que está en el centro del debate es el aborto. Norma Sanchis, responsable de capacitación del Equipo de Seguimiento, Investigación y Propuestas de Políticas para las Mujeres (ESSIP), dijo a APM que: “el Estado debería promover un debate que permita la despenalización del aborto como posibilidad de elegir para quien no tiene los medios para acceder a una clínica privada”. Lo que ocurre entonces, es que a las adolescentes que tienen de todo las libra de una condena porque pueden acceder a un aborto ilegal pero caro y seguro. Y agregó: “Esta es toda la expresión de la estructura de poder, sobre una chica joven y sin posibilidad de defenderse por ser de la periferia”.

En este sentido, Celina Rodríguez, miembro de Las Azucenas y del grupo de mujeres del Frente Popular Darío Santillán de Berisso, aseguró que: “el Estado está ausente y señala con el dedo. Además, las leyes son realmente misóginas, excepto algunas pocas, no amparan a las mujeres. Se ve bien clara la discriminación del sistema patriarcal y las relaciones de poder; hay algo que es fundamental, se le cree a los violadores y no a las víctimas”.

Jutta Marx, cientista social y especialista en movimientos políticos y sociales de mujeres, dijo: “el aborto es una elección personal, entonces no se puede penalizar algo que se va a hacer igualmente. Pero en el caso de una violación es absurdo, es antihumano que una persona violada tenga que enfrentarse con eso; ella no lo pudo manejar, la dejaron sola y tuvo que cargar con todo”.

La capacidad de recortar que tiene el Estado a la hora de condenar es inigualable. Bueno, quizás se la pueda comparar a los medios de comunicación, que actúan funcionales al sistema corriendo, sobretodo, el eje de lugar y reforzando la impunidad de los violadores, al punto de que Pocho Vargas, sobre quien el diario Clarín publicó una extensa nota, y esto no es casual, donde se declaró indignado y decepcionado porque esperaba una condena perpetua para Romina. Por supuesto la iglesia católica no podía quedarse a fuera de la jugada y quien mejor que el diario La Nación le dio el espacio: Especialistas de la Universidad Católica (UCA) escribieron “es inadmisible contrabandear el debate sobre el aborto en el juicio a Tejerina y no se puede exculpar el asesinato de una criatura”.

En los medios aparecieron las voces que adhieren al fallo y que reflejan como se sacó de eje la violación para privilegiar el infanticidio, por ejemplo, la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Elisabeth Eisenberg, repitió varias veces que “se ha truncado la vida de una beba, se ha violado la Convención Internacional de los Derechos del Niño”; la fiscal, en consecuencia también dijo “para mí esto de ver si hubo violencia, si es del Pocho o no es del Pocho, no es relevante”; el propio presidente del Tribunal, el juez Llermanos, salió al día siguiente de confirmado el fallo a desmentir que hubiera existido la violación.

Teniendo en cuenta que en Jujuy las instituciones no supieron muy bien qué hacer en un principio, porque están acostumbradas al sufrimiento en silencio de las víctimas, el caso Romina Tejerina se les fue de las manos porque a partir de que el Tribunal tuvo en carpeta la condena a perpetua pero no le quedó más remedio que votar una pena menor porque la movilización convirtió el caso en un escándalo nacional. Celina Rodríguez dijo al respecto, “los que conocemos el Norte argentino, sabemos que es una sociedad muy pacata, de estas cosas no se habla. Si esto hubiera ocurrido en una sociedad con información, donde el aborto fuera aceptado, naturalizado, no habría ocurrido todo esto y la chica no hubiera matado a la beba.

Ahora, que Romina está condenada, tiene menos posibilidades de formarse estando presa. “Al hacerla volver a la cárcel, el Estado ¿la quiere ayudar a Romina o solo castigarla? Si es lo último ya lo hizo. Dicen que quieren protegerla de la posible reincidencia, pero está claro que en la cárcel no la van a educar o rehabilitar mejor. Esto me parece escandaloso, espero que se revea la sentencia”, dijo Jutta Marx.

La condena judicial refuerza la hipocresía de esta sociedad, el despreocupamiento del Estado o peor aún su proceder conservador e intencionado a continuar ejerciendo el poder patriarcal. Mientras la justicia del Estado y sus otras dependencias que tengan que ver con el caso, los medios de comunicación, fragmenten y hagan sus lecturas recortadas de todos los aspectos que conforman una sociedad y hasta que no haya una conciencia plena de toda cuestión que se refiera a los derechos humanos e igualitarios para toda mujer, el aborto y las falencias del estado seguirán siendo el centro del debate.

Esta es una de las miles de mujeres que no se conocen pero que sufren la naturalización de la violencia, del abuso y quedan presas del accionar de una justicia y un poder político sexista y feudal. Pero La causa de Romina y la lucha por su libertad es bandera de lucha en el movimiento de mujeres y de otras organizaciones populares en la Argentina. Todos ellos los están esperando para seguir luchando.

Pamela Damia

pdamia@perio.unlp.edu.ar

APM/Agencia TAller