El martes 12 de julio, el Parlamento chileno aprobó las reformas constitucionales tendientes a reducir el período presidencial de seis a cuatro años sin posibilidad de reelección y eliminar los llamados senadores "vitalicios" y "designados" sin votación popular, entre ellos los de la llamada "bancada militar".
La constitución de 1980 fue aprobada en el contexto de dictadura militar iniciada en 1973 y por medio de un plebiscito ilegal en donde no se contemplaba la participación de la oposición (según el jurista Hernán Montealegre). Posteriormente en 1988 la dictadura realizó un plebiscito que contemplaba la posibilidad de la entrega del poder. Luego de éste se convocó a elecciones para el año siguiente.
La oposición democrática ganó los comicios con Patricio Alwin como candidato presidencial, aunque Pinochet pudo finalmente imponer sus condiciones para entregar el poder. Este aspecto de debilidad en la transición chilena ha influido fuertemente en la continuidad de algunas marcas presentes de aquel pasado dictatorial. Es el caso de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, la fuerza real de la derecha pinochetista y la convalidación del modelo económico iniciado por el dictador.
"Quince años atrás comenzaron los gobiernos democráticos y ahora podemos decir que la transición de Chile ha concluido", señaló Ricardo Lagos, tras la reforma de la Constitución.
Aquella constitución aprobada en contextos dictatoriales, y vigente al día de hoy, incluía artículos que, por el tenor grosero de sus efectos, finalmente han sido modificados a partir del avance en las relaciones de fuerza, tanto de la concertación gobernante como de la izquierda política. Influyó, además, en el consenso reformista el giro de una fracción de la derecha que, producto de oportunismos electorales, definió diferenciarse de las huestes del dictador (no olvidemos que en diciembre Chile elige nuevo Presidente).
Los artículos eliminados son los que permitían la existencia de Senadores institucionales y vitalicios cuyos cargos eran ocupados por miembros de las Fuerzas Armadas, incluido Augusto Pinochet; la inmovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que implicaba que el Presidente democráticamente elegido no podía nombrar ni removerlos; la existencia del Consejo de Seguridad Nacional, órgano de extorsión utilizado por las Fuerzas Armadas ante cualquier problema institucional.
Estas reformas profundizan la autoridad presidencial, otorgándole mayor poder sobre las Fuerzas Armadas, y eliminando los enclaves autoritarios que se perpetuaban bajo una aparente legitimidad.
Germán Petrich
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