Además, Jaim Etcheverry denunció que recibió “amenazas de todo tipo, de persecuciones futuras, de denuncias y de todo lo que uno se pueda imaginar".
 
El rector sostuvo que pretende “terminar" su gestión el próximo lunes, cuando caduca su mandato, y destacó que la universidad “no va a quedar acéfala", pese a que la asamblea universitaria que debía elegir a su sucesor se suspendió cuatro veces.
 
“La universidad no está acéfala, no va a quedar acéfala", dijo Jaim Etcheverry, ya que a cargo de la misma quedará hasta el 15 de mayo próximo el vicerrector Bernardo Dujovne.
 
Además, precisó que el nuevo Consejo Superior deberá fijar las condiciones de funcionamiento de la asamblea universitaria, cuya sesión hasta el momento fue impedida por grupos estudiantiles.
 
Jaim Etcheverry apuntó contra los integrantes de la gestión del ex rector Shuberoff, al señalar que “hay un fuerte intento de regreso a las posiciones que tenían muchos de los que se encontraban en la universidad antes de que llegara".
 
“Muchos participaban activamente en la gestión anterior y quieren regresar", advirtió. Télam
 
El Gobierno no frena el desorden
 
OPINIÓN. Luego de los escandalosos incidentes registrados anteayer en inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, no cabe sino preguntarse si las autoridades nacionales, de las que depende la Policía Federal, están esperando que haya un muerto para actuar en la prevención de episodios de violencia semejantes y en la represión de los revoltosos cuando fuere necesario.
 
Nuevamente, por cuarta vez, la prepotencia de un grupo de activistas estudiantiles que tomaron el edificio de la Facultad de Medicina impidió la sesión de la asamblea universitaria, que debía elegir al rector de la UBA.
 
A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad, empleados no docentes que pretendían ingresar para cumplir sus tareas, a los que se sumaron otros representantes de su gremio, se enfrentaron con los estudiantes, provocando heridos y destrozos.
 
Resulta elemental que ni unos tienen derecho de ocupar por la fuerza un edificio público impidiendo el acceso a los demás ni otros están habilitados a hacer valer sus derechos desalojándolos a golpes.
 
Una alarmante inacción
 
Lo que más sorprende frente a este episodio para nada imprevisible es la inacción de quienes deben garantizar el orden público y evitar incidentes de esta clase.
 
La sede de la Facultad de Medicina había sido tapiada el fin de semana último para impedir el paso de eventuales intrusos. Sin embargo, las escasas o nulas medidas preventivas adicionales, como la virtual falta de una guardia policial en los alrededores del edificio universitario, permitieron que el piquete estudiantil se instalara nuevamente.
 
Es también insólito que, ante los enfrentamientos violentos que se sucedieron en las adyacencias de la sede universitaria, no se haya advertido la necesaria presencia policial.
 
No menos absurdo es que voceros gubernamentales sugieran que las fuerzas policiales no actúan porque el conflicto desatado por la conducción de la UBA no se resuelve con represión.
 
Aunque es obvio que una crisis política no se soluciona de esa manera, el Gobierno nacional no puede desatender su obligación constitucional de brindar seguridad a los habitantes de la Nación.
 
Lamentablemente, las autoridades no están actuando como se espera de ellas y, por momentos, su actitud parece cómplice de la de quienes siembran el desorden.
 
En reiteradas ocasiones se advirtió desde esta columna editorial acerca de las graves consecuencias de la virtual renuncia de las autoridades del Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el orden público.
 
Esta posición oficial se verificó en los cortes de rutas en Entre Ríos, donde dos semanas atrás un grupo de vecinos de la ciudad de Colón desalojó por la fuerza a dirigentes ambientalistas que bloqueaban la ruta 135 en protesta por la construcción de las plantas de pasta celulósica en Uruguay. La Nación