Los cinco imputados son: Roberto Moyano, Marcelo Quiroga, Fernando Svrsek, Manuel Olmedo, Francisco Illanes y Cristian Quiroga. Este último tuvo a cargo la concesión del natatorio en las temporadas 2005 y 2006. Los demás son empleados y funcionarios universitarios. Todos están en libertad porque se les atribuyó el delito de homicidio culposo, que es excarcelable.
 
Por su parte, la Justicia Federal citó a los ex interventores de la Dirección de Deportes de la UNCuyo, Fabio Erreguerena y Horacio Fernández, a declarar como testigos.
 
En enero y febrero último, ambos reemplazaron a Moyano –ex director de Deportes de la casa de estudios y actualmente imputado– mientras estaba suspendido preventivamente porque la UNCuyo tramitaba el sumario interno.
 
La causa judicial iniciada el 8 de enero está hoy en la Cámara Federal de Apelaciones para que sus miembros definan nulidades y otras acciones de carácter procesal que presentaron algunos abogados defensores.
 
A todos los nombrados anteriormente, el juez Walter Bento los imputó por causar la muerte de otra persona por la inobservancia de los reglamentos. Recientemente, uno de ellos pidió a la Justicia que le permita ampliar su declaración indagatoria, pero -curiosamente- no se presentó, y desconcertó a las partes que participan del proceso.
 
El expediente quedó a cargo del juez federal Alfredo Manuel Rodríguez desde que uno de los defensores lo solicitó, argumentando que no podía litigar en el juzgado de Bento por haber sido secretario de esa dependencia.
 
El caso
 
Marcela Sánchez tenía 12 años. Murió ahogada en la parte más honda de la pileta de la UNCuyo. El bañero, en vano, había tratado de rescatarla. Unas pruebas incorporadas a la causa penal revelaron que quedó atrapada en el hueco de una de las paredes laterales del natatorio mientras estaba en pleno desagote, con público en el agua.