En ese sentido, la comunidad científico-tecnológica de Mendoza acordó solicitar al Senado un plazo de 30 días para presentar a ese cuerpo un informe completo con su evaluación del proyecto de ley de uso del suelo y ordenamiento territorial.
 
La reunión se concretó a través de una convocatoria impulsada por el rectorado de aquella alta casa de estudios.
 
A la misma asistieron alrededor de medio centenar de académicos e investigadores pertenecientes a las Facultades de la UNCuyo, a las Universidades de Mendoza y Maza, Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas (IADIZA), Centro de Estudios y Legislación del Agua (CELA), Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).