La iniciativa fue lanzada por el Presidente en abril, durante su viaje a Alemania, y se la ha denominado "Ley de Financiamiento Educativo. Hacia la Argentina del Segundo Centenario". Después de desaparecer de la escena, ahora el Gobierno trabaja a todo vapor en el texto definitivo, con dos objetivos. Uno es enviarla al Congreso este mes. El otro, que además de ser útil para pegar un salto cualitativo en la educación, también reporte beneficios electorales.

Desde hace algunos meses, hay un borrador del proyecto anclado en el Parlamento. Pero ése no será el texto final, aunque sobrevivan los objetivos generales que allí se exponen.

No está bajo análisis la idea de llevar el gasto educativo del actual 4% del PBI al 6% que anunció Néstor Kirchner, sino el tiempo en que se lo hará. En un principio se pensó en un período de cinco años, de 2006 a 2010; por eso es que a la denominación formal de la ley se le agregó el párrafo "Hacia la Argentina del Segundo Centenario". Pero como la iniciativa cuesta mucha plata, ahora se baraja la posibilidad de que el 6% sea alcanzado en diez años.

Puesta en números, la diferencia sería: en la variante de cinco años se llegaría a la meta a razón de un 0,4% anual y de un 0,2% en la de diez. En plata, la primera alternativa implicaría para el año que viene, calculando un crecimiento económico del 4%, unos 2.250 millones de pesos y la segunda, la mitad.

Para tener una idea de lo que esos 2.250 millones significan, algunos ejemplos. Representan casi la mitad del actual presupuesto del Ministerio de Educación, unos 200 millones más que el gasto conjunto en Policía Federal y Gendarmería Nacional y sobrepasan en 500 millones to do el presupuesto del Ministerio de Salud. Y si fueran aplicados íntegramente a mejorar los salarios, cosa que no sucederá, cada uno de los 800.000 docentes que hay en el país recibiría un plus de 2.800 pesos.

Aún cuando los objetivos de la inversión están fuera de toda controversia, habrá otra discusión, también sobre plata. Será con los gobernadores, pues según el primer borrador el gasto se repartirá por partes iguales entre la Nación y las provincias.

Más de un ministro del Interior ya ha planteado las dificultades de su provincia para afrontar las mayores erogaciones que demandará la iniciativa, y más que eso: la necesidad de someter a un debate previo el cómo se financiará la ley, cosa que parece no ocurrirá. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la Nación sólo giraría fondos de la parte que le corresponde a aquellas provincias que pongan la suya. Así, las que no entren al régimen estarán ante un brete con sus maestros.

Nadie discute, como se dijo, las aspiraciones fijadas en la ley. Entre ellas: escolarización total de los chicos mayores a 5 años entre 2006 y 2010, si saliera la versión más ambiciosa; incorporar el 50% de los que tienen entre 3 y 4 años; que el 30% de los alumnos tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa; universalizar la enseñanza de una segunda lengua; jerarquizar y profesionalizar la carrera docente y mejorar la condición laboral de los docentes. Más, desde luego, erradicar el analfabetismo.

Hay algunas cosas que, al menos en lo que al Gobierno nacional le toca, ya estarían resueltas. Una es que no se crearán nuevos impuestos para financiar los gastos, sino que anualmente se recortarán partidas previstas para otros fines. Otra, que la ley entrará en vigencia el año que viene; sencillamente, porque si así no fuera perdería todo impacto político, sobre todo en medio de las actuales, casi generalizadas protestas de los maestros.

Más acá en el tiempo, Kirchner tiene otro objetivo, pariente político del anterior: que esta semana la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Educación Científico y Tecnológica, destinada a estimular la formación técnica en colegios secundarios y universidades. En el bien terrenal idioma de los economistas, la ley costaría unos 230 millones de pesos en 2006.

La demora en sacarla ya le valió un reto de la Casa Rosada a la kirchnerista, legisladora por Santa Cruz y titular de la Comisión de Educación, Silvia Esteban. Y la forma que adquiera el tratamiento o no de la ley sería una buena ocasión para medir cómo se comportan las fuerzas del peronismo, enfrentadas en Diputados.

* Alcadio Oña. / aona@clarin.com