La educación pública vive desde hace años un profundo proceso de decadencia.
Millones de alumnas y alumnos y quienes están al frente de ellos en las aulas son las principales víctimas. Aunque hay otras más dolientes: los que ya quedaron excluidos de esa posibilidad.
¿Cuándo comenzó esta crisis? Con la tristemente célebre "Noche de los bastones largos", ocurrida durante el gobierno militar de Onganía. Hasta ese momento nuestro sistema educativo estaba entre los mejores del mundo.
Pero hoy padecemos desigualdad, atraso, fragmentación y exclusión educativa. Después de sucesivas transferencias de escuelas de la Nación a las provincias sin los presupuestos correspondientes. Después de la Reforma Educativa neoliberal del menemismo, concebida para despojar a la escuela pública del sentido igualador que tuvo históricamente.
Hoy resulta indiscutible que este modelo educativo está agotado. Y no es sólo una crisis por falta de recursos. Se trata de un problema estructural: el actual sistema de financiamiento de Estado nacional ausente es un laberinto para la escuela pública argentina que enfrenta el dilema de encontrar una salida o seguir en permanente estado de crisis y de conflicto.
Se hace imprescindible una solución de fondo a través de una ley que establezca un nuevo esquema presupuestario sustentado en el principio de la corresponsabilidad entre la Nación y las provincias.
Está demostrado que la mayoría de éstas, con sus propios recursos, no están en condiciones de garantizar un piso mínimo de igualdad educativa y, mucho menos, de remontar la demolición de los salarios docentes de los últimos quince años.
Estamos ante la oportunidad histórica de comenzar a recuperar el terreno perdido en materia educativa.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha tomado esta vieja demanda del gremio docente y ha convocado a éste, junto a distintos sectores representativos de la sociedad civil. para discutir aportes para definir el proyecto enviado al Congreso.
Creemos que en este tramo de la disputa por un cambio profundo del modelo educativo, está llamada a desempeñar un papel clave la articulación de un amplio espacio participativo de la sociedad civil con eje convocante en la comunidad educativa y el gremio docente.
No sólo para una intervención en pro de que la Ley de Financiamiento que finalmente se apruebe sea la que hace falta para resolver el problema, sino también para garantizar que una vez promulgada, la misma no quede en letra muerta.
La firma de los petitorios que los docentes estamos promoviendo puede ser el primer paso. Pero hace falta articular a lo ancho y a lo largo del país la demanda social que garantice posteriormente el cumplimiento efectivo de la ley y el control ciudadano de los recursos presupuestarios asigna dos en la misma.