La década de los noventa ha sido demonizada en su totalidad sin tener en cuenta que, a pesar de la política económica neoliberal, fue posible desarrollar políticas diferentes, dadas las conocidas contradicciones existentes en el seno del gobierno. Cientos de personas —tanto de la Nación como de las provincias— que defendíamos la educación pública trabajamos duramente para continuar democratizándola, en el marco de las leyes que sancionó el Congreso de la Nación.
A partir del 2000 sobrevinieron discontinuidades en la gestión nacional sobre la reforma y las escuelas quedaron sin ayuda del ministerio nacional, sin una planificación que garantizara la unidad en la diversidad y sin conducción en las líneas en las que se venía trabajando: aplicación gradual de nuevos contenidos en los programas de estudio, cambios en la formación docente, evaluación y reacreditación de instituciones y títulos, atención focalizada de la mayor pobreza, construcciones y equipamiento tecnológico en gran escala.
Entre los viejos problemas de la educación no resueltos, los efectos de la crisis y la costumbre de construir fortaleza política denostando el pasado, fue quedando oculta a la opinión pública información objetiva sobre logros de los noventa: la inversión para mejorar las condiciones de enseñanza fue récord en varias décadas —sobre todo para los más pobres—, se incrementaron año a año la matrícula escolar, los edificios, el equipamiento, los cargos docentes; se actualizó, articuló y consensuó la propuesta de contenidos a enseñar en todos los niveles educativos, se distribuyó una amplia bibliografía para alumnos y maestros, se desarrolló un sistema de capacitación masivo y gratuito para docentes a través de todas las universidades, se creó el sistema nacional de evaluación de la calidad y se logró una mejora del 25% en los aprendizajes de las regiones más postergadas, entre otros hechos.
Por supuesto que eso no alcanza. Se necesitan muchos años de trabajo en una misma dirección para lograr un servicio educativo de buena calidad para todos. Por eso es que no habría que ocultar las dificultades más estructurales. En principio, nos cuesta asumir que el sistema se organiza sobre una nación política y jurídicamente federal, lo que no facilita el logro de consensos sustantivos y hasta la comprensión y asunción de responsabilidades y deberes en cada nivel de gestión pública: nación, provincia, escuela. Y se requiere aún un acuerdo político federal de incremento y sustentabilidad de los recursos financieros para el sector.
A pesar de la política de capacitación y del esfuerzo de muchos docentes que han logrado ya sus postítulos, subsisten en muchos lugares problemas serios como la falta de profesores para materias básicas como matemática. Es que hasta hace poco tiempo, el 75% de los institutos que forman docentes lo hacían para el nivel primario. Había tres veces más docentes para primaria e inicial de lo que se necesitaba y la mitad de los profesores que requiere el nivel secundario.
Es difícil lograr en cada provincia una gestión central con solvencia financiera y capacidad para brindar a cada escuela asistencia técnica, ejercer el control y monitoreo de los procesos y resultados que en ellas se dan y, por otro lado, escuelas equipadas, autónomas y responsables. Más difícil aún lograr que la política que se ejecuta responda a los acuerdos nacionales y esté asistida y controlada por el Ministerio de Educación de la Nación.
En general, no se ha innovado en materia de gestión y las escuelas estatales carecen de poder real sobre los recursos que utilizan. Esto limita y muchas veces impide la innovación y la toma de decisiones. Por ejemplo, la selección de los recursos humanos más adecuados para su problemática, la disponibilidad de un equipo de docentes en las disciplinas básicas con dedicación exclusiva, innovaciones pedagógicas, capacitación, contrataciones a término, equipamiento.
Los salarios son bajos y no existen incentivos para desempeñarse con eficiencia. El inicio en la docencia se hace en las escuelas donde hay más dificultades, las necesidades educativas son mayores y más complejas. A los más pobres se los atiende en general con los docentes menos experimentados y en las escuelas más precarias.
Sin embargo, este panorama no sería completo si no reconociéramos la existencia de cientos de escuelas que en igual contexto son creativas, tienen excelentes resultados e inclusive cada año aparecen premiadas a nivel nacional y/o internacional por sus producciones científicas.
Por eso, no nos engañemos. Es nuestra cultura política la que entorpece los intentos de mejora de nuestra educación. Es posible y deseable que cada gobierno supere, por su producción y no por su discurso, a los que lo precedieron. Sólo de esa manera el país y su educación crecerán realmente.
