Existe un creciente consenso sobre la necesidad de que Argentina planifique un sostenido crecimiento de la inversión en educación en dirección a brindar una educación de calidad a toda la población.

Con este propósito, el pasado 1ø de marzo el presidente Kirchner planteó en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso Nacional la necesidad de contar con una Ley de Financiamiento Educativo. La propuesta fijó el objetivo de alcanzar en el año 2010, cuando la Argentina cumpla el segundo centenario de la Revolución de Mayo, una inversión equivalente al 6% del Producto Bruto Interno.

Si tenemos en cuenta que la inversión en educación en los últimos años había descendido al 3,6% y actualmente significa poco más que el 4% del PBI, resulta evidente que se trata de un objetivo ambicioso.

A valores actuales, el aumento de la inversión sería cercana a 9 mil millones de pesos. Pero como se prevé una continuidad en el crecimiento del PBI en los próximos años, seguramente la ley significará un incremento de la inversión educativa aún mayor.

No es la primera vez que el país se lo propone. Ya en 1993 el Congreso de la Nación había votado una ley que fijaba una meta similar que, como todos sabemos, no se llevó a la práctica. La trascendencia que implica la aprobación y el cumplimiento de una Ley de estas características exige un profundo debate y un esfuerzo social sin precedentes para lograrlo.

La educación es uno de los pocos bienes que, al democratizar su distribución, mejora tanto la vida particular de los ciudadanos como las posibilidades de crecimiento económico-social del país. Este es el papel que jugó la educación en la construcción y el crecimiento de la Argentina a partir del siglo XIX y nos significó una clara ventaja comparativa respecto de la región.

¿Qué características deberían tener esta ley y su proceso de debate para que esta vez no quede en las buenas intenciones y se cumpla efectivamente?

En primer lugar, debe elaborarse sobre la base de objetivos claros, consensuados por la mayoría de la ciudadanía, posibles de cumplir y sistemáticamente evaluables. No se trata sólo de invertir más recursos, sino también de definir las prioridades en las que se van a aplicar.

En esta dirección el proyecto del Ejecutivo contempla un conjunto de metas a las que la educación argentina debería arribar para el 2010. Algunas son de índole cuantitativo y plantean la incorporación al sistema educativo de la población que aún está afuera del mismo. Por ejemplo, los chicos de las edades más tempranas, principalmente los más carenciados deben incorporarse al jardín de infantes y debemos universalizar el preescolar.

Al mismo tiempo, ya no alcanza con que nuestros jóvenes cuenten con escolaridad básica. La ley debe contemplar los recursos materiales (edificios, libros, becas) y docentes para que en el 2010 todos ellos puedan, por lo menos, terminar el nivel medio. En el mismo orden debe colocarse alcanzar un país libre de analfabetismo.

Otras metas deben estar dirigidas a lograr una educación de calidad. Para que todos tengan igualdad de posibilidades es necesario que no menos del 30% de los alumnos accedan a la jornada extendida o completa.

Es imprescindible compensar con más horas de clase las desigualdades de origen. También es necesario fijar metas respecto de una mayor exigencia escolar en cada nivel. Al mismo tiempo, creemos que en el año 2010 debiera estar incorporada la enseñanza de una segunda lengua y de la informática en todas las escuelas del país.

Otro orden de metas corresponden a las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización de la tarea docente. En este punto se trata, por supuesto, de generar niveles justos de retribución, pero también condiciones de formación inicial y de capacitación permanente que permitan que una parte de las mejoras la borales docentes estén más vinculadas al desempeño.

Por último, los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo deben incluir la mejora en la inversión en la educación técnica, en las universidades y en el desarrollo científico-tecnológico para garantizar la formación de los técnicos y profesionales necesarios para el crecimiento soberano e integrado del país. La ley debe fijar responsabilidades de inversión compartidas.

Para que la ley no se limite a una declamación de buenas intenciones, debe programar con precisión cuáles serán los aportes que anualmente incrementarán tanto la Nación como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional estamos dispuestos a aumentar la inversión en educación. De hecho, estos últimos dos años han mostrado un crecimiento del presupuesto inédito en la historia reciente del país.

Pero partimos de una realidad muy desigual respecto del esfuerzo y de los resultados que obtienen las provincias en materia de inversión educativa. Es por ello que deben existir parámetros básicos de inversión y mecanismos nacionales de compensación que permitan ayudar a las provincias que, aun cumpliendo con dichos parámetros, no alcan cen los niveles necesarios.

Es imprescindible que esta ley sea concebida como herramienta de una política de Estado y no como una estrategia del gobierno de turno. Es nuestra oportunidad de aprender de las virtudes y errores del pasado. La historia parece decirnos ahora o nunca.