La gran cuestión es cómo generar el dinero que cuesta la universidad. El ex ministro Juan Llach acaba de proponer un sistema, usual en otras partes del mundo y simple a la vez: que los egresados con ingresos suficientes devuelvan al menos parte de lo que han recibido como servicio educativo (ver "Empresarios quieren un arancel...", de la sección Sociedad).
Lo más probable es que la propuesta sea impugnada según los prejuicios que han disociado a la universidad de la palabra dinero. La universidad pública es un ejemplo interesante de la forma que tenemos aquí para afrontar los problemas o para no afrontarlos. De pronto, toda discusión realista vinculada a la economía universitaria parece tapiada por un muro que indica y ordena que de eso no se habla. No se habla porque no es políticamente correcto. Y no conviene hacerlo si uno no quiere ser acusado de las peores cosas.
Se concibe que por naturaleza lo público es gratis. Y por naturaleza no lo es. La universidad pública es sostenida por los impuestos de todos. No es gratis para muchos que pagan por ella aunque no estudien en ella. Los alumnos de la universidad pública reciben implícitamente un subsidio para estudiar allí. Compartimos un discurso histórico que levanta como estandarte la universidad gratuita. Pero la universidad gratuita genera inequidad o no la resuelve. En la UBA, por ejemplo, la mitad de los alumnos provienen de colegios privados.
Se podrá coincidir o no con la idea de Llach. En cualquier caso, es un aporte para ser discutido. Más importante es aún que podamos discutir el modelo de financiamiento sin prejuicios ni simplismos y de manera democrática.
Ricardo Roa, EDITOR GENERAL ADJUNTO DE CLARÍN, rroa@clarin.com