La ampliación de la escolarización obligatoria, la disminución del analfabetismo y la expansión de los estudios terciarios y su periores indican la existencia de una plataforma para dar ese salto cualitativo. Pero las grandes asimetrías geográficas, las desigualdades socioeconómicas, que afectan tanto a docentes como a alumnos, y los problemas de un sistema de enseñanza interpelado por un contexto de mayores estímulos informativos y objetos de consumo actuando sobre niños y jóvenes son todos factores que conforman un complejo panorama para la formación de conocimientos, valores, talentos y capacidades.
 
La educación básica tiene problemas de deserción y repitencia. El abandono escolar alcanzó en todo el país el 1,8% en la EGB1 y EGB2, el 8,4% en la EGB3 y el 15,5% en el Polimodal. En la Argentina hay más de 370 mil chicos de entre 12 y 17 años que no van a la escuela. El retraso de los sueldos docentes y la gran disparidad salarial entre las distintas provincias es otro de los déficit que se arrastran y ocasionan permanente zozobra.
 
La enseñanza media ha quedado también retrasada en métodos y contenidos frente a una población juvenil que crece necesitada de marcos de referencia y espacios formativos, y se encuentra con situaciones reflejas en instituciones y docentes que padecen desde el deterioro edilicio y las carencias de infraestructura hasta el debilitamiento o la pérdida de las rutinas de enseñanza y formación de conocimientos para una comprensión teórica y empírica de la realidad y sus secretos.
 
Finalmente, la educación superior acusa recibo de sus propias tensiones y crisis no resueltas: expansión constante de la matrícula, diversificación de la oferta de carreras y universidades, limitaciones presupuestarias y de gestión para garantizar una formación de excelencia y ofrecer perspectivas realistas de inserción profesional o continuidad en la carrera docente y de investigación científica.
 
La sanción de la Ley de Financiamiento y un aumento de partidas presupuestarias de Educación y Ciencia y Tecnología dieron un empuje alentador a las expectativas de recuperación. Se había llegado a una desesperanza pronunciada al cabo de las reformas implementadas durante la década del 90. La aplicación de la Ley Federal de Educación dejó un conjunto de problemas y déficit que contribuyeron, finalmente, a esa gran frustración. El problema presupuestario y salarial se cargó sobre las espaldas de los maestros y docentes, pero terminó afectando la continuidad de los servicios educativos con prolongados conflictos. Este año debería cumplirse el compromiso sancionado por ley que obliga a las provincias a garantizar los 180 días de clases.
 
Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación debe cumplir un activo papel en la elaboración y gestión de las políticas educativas, en coordinación con las carteras educativas provinciales, fijando prioridades y acordando programas específicos para encarar el descenso de la deserción escolar, la universalización del nivel inicial, el apoyo a la innovación pedagógica, la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación docente, la reconstrucción de habilidades técnicas y la articulación con el mundo del trabajo. Son premisas generales para pasar de detener la caída a delinear un camino de desarrollo educativo que despierte, oriente y lleve a buen destino las energías y talentos que, sin duda, sigue mostrando nuestro país.
 
Con el inicio del ciclo lectivo en todo el país, la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad tienen por delante el desafío de lograr una mejora sustancial del sistema de enseñanza en sus tres niveles, revertir el retroceso, reducir las asimetrías y desigualdades y recuperar una dinámica integradora y expansiva que fue característica del desarrollo social y cultural de nuestra nación.