Se trata de Martín Ogando y Sergio Salgado, actualmente consejeros directivos de la Facultad, quienes están acusados de los delitos de "daño agravado y falsedad por supresión".
El episodio ocurrió el 19 de octubre de 1999 cuando el rector de la UBA era Oscar Shuberoff y el decano de Sociales, Fortunato Mallimaci. Frente a un supuesto fraude electoral de Franja durante la renovación de los representantes del Consejo Directivo y del Centro de Estudiantes, un grupo de jóvenes de agrupaciones de izquierda —entre quienes estaban Ogando y Salgado— lideraron una asamblea, provocaron destrozos, forzaron una puerta e incautaron las urnas con los votos de más de 2.000 personas.
El principal punto que desató el conflicto fue la negativa de estas fuerzas políticas a la unificación de la elección de autoridades para el Consejo Directivo con la del Centro de Estudiantes —que no es obligatoria— promovida por Franja Morada. Por eso se negaron a la presentación de una lista de candidatos tipo "sábana".
Frente a la gravedad de los incidentes, y a una Facultad que estaba prácticamente tomada por los jóvenes, las autoridades de la Universidad en ese momento decidieron suspender las elecciones.
El juicio de la semana próxima se caracterizará por la presencia de numerosos estudiantes de la UBA. Las agrupaciones anunciaron que mientras dure el proceso, acamparán frente al Palacio de Tribunales para reclamar la absolución de sus compañeros y su desprocesamiento. Las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, integrado por los jueces Hipólito Saá, Walter Luna y Juan José Amaral, quienes escucharán a los testigos durante tres días antes de anunciar su veredicto.
Esa noche de octubre de 1999, los incidentes comenzaron alrededor de las 21.30, cuando el grupo de alumnos ingresó a los gritos al edificio de Sociales en Marcelo T. de Alvear, entre Uriburu y Azcuénaga.
Consultado por Clarín, el presidente de la FUA, Maximiliano Abad (Franja Morada), expresó su repudio por la "judicialización" de esos episodios. "Forma parte de un 'chivo expiatorio' para un conflicto que debería haberse resuelto en la Universidad —sostuvo—. Pero esta posición frente al juicio no invalida nuestro rechazo a las metodologías violentas que emanaron de una asamblea previa a los incidentes".
