El financiamiento educativo ha sido motivo de preocupación y reclamo por parte de todos los sectores y reivindicación de los numerosos conflictos docentes que signaron, año tras año, los destinos de la enseñanza pública en los tres niveles y en las distintas provincias.
El Gobierno acaba de anunciar, al fin, el envío al Congreso de su proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, con el objetivo de lograr un incremento sostenido de las partidas presupuestarias destinadas al sector, hasta alcanzar el 6% del PBI en un lapso de cinco años.
El proyecto, que deberá sortear una última ronda de conversaciones, contempla la definitiva erradicación de analfabetismo, el reequipamiento y modernización de las escuelas técnicas, la expansión de las nuevas tecnologías a las escuelas y la enseñanza obligatoria de una segunda lengua. Fija, además, otras metas como garantizar la escolaridad de la población de cinco años.
La ley prevé cambiar la participación en el gasto de las provincias y la Nación, aumentando la de esta última de un 25% a un 40%, e introduce compensaciones para las provincias que no puedan asumir el gasto.
De este modo se sincera una situación de fuertes desigualdades, fragmentación y desfinanciamiento de la educación pública nacional y se crea un marco legal que debe ser entendido como un principio para introducir otras mejoras y reformas en la estructura del sistema educativo.
Aumentar el gasto educativo de un 4% a un 6% del PBI no resolverá los problemas que sufre nuestra educación, pero fijará un compromiso del Estado para frenar la cuesta en descenso de los últimos años.