El tema, una vez más, son los magros salarios de los docentes, a lo que se suma la situación de quienes trabajan ad honórem y un insuficiente presupuesto que se consume casi en un 90% en el pago de sueldos. El Gobierno introdujo paliativos con partidas adicionales para el pago de aumentos no remunerativos, los cuales fueron incorporados pero en un porcentaje menor al reclamado por los gremios. Por otra parte, el incremento oficial privilegió los cargos docentes de dedicación exclusiva y semiexclusiva, en detrimento de los profesores de dedicación simple, que representan una mayoría del total de profesores.
Los tres actores centrales del conflicto —autoridades nacionales, universitarias y docentes— deben encontrar un marco de discusión y acuerdo que evite el enorme desgaste que ocasionan estas prolongadas medidas de fuerza sobre la continuidad de los estudios superiores.
Por otra parte, una universidad cuyo insuficiente presupuesto se consume casi en su totalidad en el pago de sueldos no está cumpliendo su función correctamente. No puede mantener así la infraestructura, ni sostener los equipos de investigación, cuya supervivencia debe depender de la ayuda externa.
Un mayor presupuesto para las universidades debe ir acompañado de una mejor distribución del mismo, y de una decidida voluntad de hacer de la educación superior una herramienta de avance social, cultural y productivo.
La universidad pública precisa mayor presupuesto, pero también una mejor distribución del mismo y algunas orientaciones estratégicas que impulsen su función como motor generador del avance en el conocimiento.