El primer escalón del problema universitario está en las escuelas primarias y medias, ya que muchos jóvenes llegan al nivel terciario sin tener los conocimientos suficientes ni los hábitos de estudios indispensables en la educación superior. Para ingresar en las universidades públicas hay que atravesar cursos de nivelación, pero éstos no parecen cumplir completamente con los propósitos con los que fueron concebidos. De este modo, se incorporan a las casas de estudios muchos estudiantes mal preparados que fracasan después de un tiempo y generan un costo elevado porque se ocupan aulas y horas docentes sin producir los resultados esperados para la sociedad. Los regímenes de ingreso de aprobación obligatoria, como el que estaba en vigencia en la Facultad de Medicina de La Plata, permiten un uso más racional de los medios existentes y resuelven al menos parte del problema. Pero esto no debe permitir olvidar que con mayor presupuesto y mejor administración las universidades podrían albergar a más estudiantes sin resignar la excelencia de la formación. Otra cuestión importante es si la cantidad de profesionales que produce cada facultad debe estar dictada por la demanda de los ciudadanos, lo cual es perfectamente admisible en un sistema democrático, o debe estar regulada por el Estado en función de intereses estratégicos mediante la utilización de estímulos y desestímulos. En el caso de la Argentina esto último es evidente. En nuestro país existe una fuerte orientación hacia carreras tradicionales, vinculadas con la formación humanística o que garantizan algún tipo de inserción en el mercado laboral, mientras el número de estudiantes de carreras vinculadas con la ciencia y la tecnología es muy reducido. Todas las experiencias de desarrollo económico y social exitoso, desde las alemana y japonesa del siglo XIX, hasta la de economías asiáticas y europeas que se desarrollaron en el siglo pasado lograron sus objetivos por disponer de una amplia base de ingenieros, científicos y técnicos. Desde este punto de vista, es indudable que el Estado debería promover el estudio de las disciplinas más vinculadas con la producción, el desarrollo científico tecnológico y los negocios. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que los jóvenes se sentirán estimulados a seguir esas carreras sólo en la medida que la economía crezca, se modernice y, en consecuencia, les ofrezca oportunidades de empleo y desarrollo personal. Queda, finalmente el tema del arancelamiento, como alternativa para reforzar el financiamiento de la universidad pública. Este punto hay que distinguirlo de los requisitos de formación, ya que el arancelamiento puede contribuir al financiamiento, pero a costa de una forma de discriminación económica explícita. Además, aun en la universidad gratuita, los estudios tienen costos que reducen las posibilidades de formación de los jóvenes de bajos ingresos. El sistema universitario basado en la gratuidad y el ingreso irrestricto facilitó la educación de generaciones de jóvenes con niveles de excelencia reconocidos internacionalmente, lo cual contribuyó a la generación de una sociedad de un nivel profesional y científico más elevado que el existente en países de desarrollo similar. Pero desde la instauración de ese sistema hasta ahora la realidad social, económica y demográfica cambió y la universidad pública tiene que adaptarse a las nuevas condiciones para seguir aportando al progreso nacional. La universidad pública enfrenta dilemas vinculados con el ingreso y la gratuidad de la enseñanza. Hay que resolverlos considerando la disponibilidad de recursos, la igualación de oportunidades y las estrategias de desarrollo.