En el centenario de la Revolución de Mayo, y como pilar para la constitución de una identidad común con la masa de inmigrantes que llegaban al país, la educación cumplió una labor primordial. Además, durante buena parte del siglo XX el sistema de instrucción pública fue el vehículo por excelencia del ascenso social, a la vez que sentó bases sólidas para el desarrollo de la Nación.
A través de la inserción educativa las personas adquirían una identidad que permitía ir más allá del destino que marcaba la pertenencia a un sector o clase social. Y esto porque la educación abría puertas, posibilitaba acceder a espacios laborales y reconocimientos económicos y simbólicos que hoy parecen haberse estrechado notablemente.
Como lo demuestra una investigación desarrollada en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sólo dos de cada diez jóvenes provenientes de hogares pobres que alcanzaron a completar su educación universitaria o terciaria hoy gozan de empleo bien remunerado.
En cambio, los provenientes de hogares más ricos llegan en una proporción muchísimo más alta a obtener un buen empleo: en este caso son siete de cada diez. De este modo, se verifica la rigidez de la desigualdad social, que se muestra poco permeable a valorar a la formación educativa como mecanismo de superación y ascenso.
Si persiste esta situación, se puede deteriorar el valor de la instrucción, lo cual finalmente hará más resistentes las barreras socioeconómicas. Ante esto, las instituciones deben incrementar la calidad de la educación pública y acompañar la inserción social de los egresados. De esto dependerá el perfil social, económico y político que tendrá nuestro país en los próximos años.
Nuestra sociedad enfrenta el desafío de evitar la perpetuación de las grietas sociales. Para esto, y junto con las medidas asistenciales, debe recuperarse la capacidad transformadora de la educación.