En este aspecto como en otros decisivos para su progreso, la Argentina marchó a contramano de las grandes tendencias históricas. En los años sesenta, en los umbrales de la gran onda de innovaciones científico-tecnológicas, expulsó a científicos e intelectuales de los más diversos campos del conocimiento. En los años setenta, atravesó un período caótico de violencia, inestabilidad política y crisis económica, escenario contradictorio con cualquier proyecto educativo o científico. A partir de la dictadura militar iniciada en 1976 comenzó un deterioro de los presupuestos y de las instituciones vinculadas con la generación de conocimientos, al tiempo que se instaló un esquema económico hostil al crecimiento productivo, indispensable este último para establecer un círculo virtuoso entre producción intelectual y material.
Con diferentes instrumentos y características, este esquema se mantuvo en la instauración de la democracia, hasta culminar en la crisis de 2001.
A comienzos del nuevo siglo el escenario argentino se caracterizaba por una crisis fiscal, políticas públicas inadecuadas para la escuela secundaria, desfinanciamiento de la educación en todos sus niveles y una pérdida de ingresos en la población que aumentó la dificultad de las familias para enviar a sus hijos a la escuela y a la universidad.
La recuperación de la crisis crea la oportunidad y plantea, por lo tanto, la necesidad de revisar el pasado con el propósito de elaborar los proyectos y discutir las políticas destinadas a torcer el rumbo de la historia, para promover el progreso social e insertar ventajosamente al país en la economía moderna.
Con este propósito, este diario programó un Ciclo de Debates sobre Políticas de Estado para el Desarrollo que, en su primera instancia, puso en discusión la cuestión educativa. De ese encuentro participaron el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim Etcheverry, y los especialistas Silvina Gvirtz y Juan Carlos Tedesco.
Entre los temas relevantes que trató, la mesa destacó la importancia de las condiciones económicas de la población en el proceso educativo y el papel pedagógico e integrador que la escuela debe cumplir en el contexto actual.
Se planteó también la inadecuación de la orientación del ciclo secundario para proveer los conocimientos indispensables para la educación terciaria y el mercado de trabajo. Respecto de la Universidad se destacó que no se le otorga el liderazgo que le corresponde en la sociedad contemporánea.
Remitiendo a la experiencia histórica, se recordó el caso de los países de rápido crecimiento de los últimos treinta años, los cuales asumieron la mejora de la educación como una política de Estado, en el contexto de proyectos de mediano y largo plazo.
Como también se planteó en el debate, la principal responsabilidad en materia educativa le corresponde al Estado, que debe establecer las políticas y proveer los recursos indispensables para financiar su puesta en práctica.
Pero también es responsabilidad de las familias, de las organizaciones sociales y de las empresas, mancomunar esfuerzos para impulsar el proceso educativo desde el incremento de la escolaridad primaria hasta la mejora de la formación superior.
La recuperación de la crisis crea la oportunidad y plantea la necesidad de discutir sobre las políticas educativas necesarias para promover el progreso social e insertar ventajosamente al país en la economía moderna.