La norma fue impulsada inicialmente por el Ministerio de Educación y contó con el respaldo de los principales sectores de la comunidad educativa en un abanico que incluyó desde los gremios docentes hasta las principales asociaciones empresarias.
El aspecto más destacado es el compromiso de un aumento del porcentaje destinado a la educación, el que deberá crecer del actual 4,2% del PBI al 6% en los próximos cinco años. Esto obliga al Estado nacional a acompañar el crecimiento de la economía con un aporte presupuestario adicional al sistema educativo.
A tal efecto, la Nación deberá proveer el 40% de los aportes, mientras que el resto quedará a cargo de las provincias.
Pero la norma contiene también otros objetivos importantes relacionados con la escolarización, la lucha contra el analfabetismo, la igualdad de oportunidades, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes y la jerarquización de su carrera profesional.
De este modo se crea un marco para mejorar las condiciones en las que se desenvuelve el sistema educativo nacional, atenuar o revertir sus flagrantes disparidades y deficientes resultados.
No es por cierto un punto de llegada ni resulta suficiente para producir cambios cualitativos y cuantitativos en el corto plazo.
Pero sí puede considerarse como un instrumento plausible para inscribir al sistema educativo en el marco de orientaciones estratégicas que atiendan al adecuado aprovechamiento de las capacidades, recursos y talentos que tiene nuestro país.
Se trata de una perspectiva alentadora considerando la importancia que tienen los recursos vinculados con el conocimiento en la generación de riqueza y en el lugar que ocupan las naciones en el orden internacional.
Con la Ley de Financiamiento Educativo, finalmente aprobada por amplia mayoría en Diputados, se cuenta con una herramienta para revertir la decadencia sufrida por nuestro sistema de enseñanza.