Al escuchar los reclamos de aumentos presupuestarios muchos se preguntan, con altas dosis de responsabilidad, cuál es la dimensión sectorial que asume cada pedido y cuáles son las justificaciones posibles para usar como criterios globales.
Para quienes administran los bienes públicos estas preguntas deberían ser inevitables, si lo que guía su accionar es la justicia social y no las presiones electorales. Así, es necesario justificar por qué es necesaria una Ley de Financiamiento Educativo que aumente y que distribuya más equitativamente la inversión en educación.
Con ese objetivo, apelamos a tres razones temporales, mutuamente condicionadas, que dan coherencia al reclamo del sector educativo y que terminan corporizándolo como un reclamo social extrasectorial.
Primera justificación: el mañana. La política pública debe apostar al futuro, al largo plazo, a la sustentabilidad profunda de sus recursos culturales, sociales y económicos. La educación conlleva todas estas dinámicas y requiere de acuerdos y lazos de temporalidad larga para brindar sus frutos. A su vez, apostar al futuro es una forma de garantizar el lugar de privilegio que deben tener los niños, niñas y jóvenes en el diseño de las políticas públicas, garantizando su derecho a crecer con dignidad y justicia.
Segunda motivación: el presente. Diversos estudios demuestran que la mejor inversión social es la educación de nivel inicial y secundario para los sectores pobres que no acceden a ella. Un año más de educación para la niña es la mejor política de prevención sanitaria para los recién nacidos, por ejemplo. La educación es la mejor apuesta concreta a la integración social, a la participación ciudadana y al desarrollo económico. Al ser una forma directa de generar la capacidad de autodeterminación individual y colectiva de las sociedades, genera los lazos más profundos de garantía de la democracia y de un modelo de crecimiento con oportunidades para todos.
Tercera razón: el pasado. Por un lado, la historia de la educación pública argentina acecha, dejando su herencia de expansión temprana y de alta calidad. La demanda social por la educación expresa esa herencia cotidianamente y los nuevos tiempos deben estar a la altura de su pasado fundacional. Por otra parte, existe en nuestro país una deuda histórica con los docentes. Sus sueldos se han derrumbado en los últimos 30 años, en paralelo con el aumento inédito de la pobreza, las desigualdades y la masificación escolar, que los docentes han "sostenido" con condiciones laborales cada vez más precarias e injustas.
La Ley de Financiamiento Educativo debe partir de estos "tiempos" para asegurar al menos cuatro cuestiones: a) más recursos para el sector educativo como forma prioritaria de inversión social; b) una fórmula entre la Nación y las provincias basada en un nuevo modelo de coparticipación que garantice la justicia en la distribución del esfuerzo y no siga condenando a las provincias con Estados más pobres; c) mayor transparencia en el uso de los fondos, con la participación ciudadana como reaseguro de la inversión genuina en educación; d) una profunda discusión acerca de cómo utilizar los recursos para generar sinergias entre políticas, sectores y necesidades.
En esta dirección, los reclamos sectoriales se enlazan con las justificaciones más básicas y tantas veces olvidadas acerca de cómo reconstruir un país devastado.