Adhiriendo a la segunda postura, se visualiza la necesidad de aliviar a la escuela de tareas que corresponden a los programas de empleo, de salud o de desarrollo social y reorganizar el sistema para que pueda cumplir de manera adecuada con su función educadora. La prevención se sustenta en la convicción de que todos los niños y jóvenes pueden aprender y todos los docentes pueden enseñar. Es un punto de partida opuesto a la suposición neoliberal de docentes culturalmente discapacitados y una población perdida en la pobreza, inútil para el crecimiento de la economía, que sería sujeto de políticas de seguridad antes que de educación.
Quien recorra sistemáticamente las escuelas verá que el nuestro no es un país de analfabetos sino de desertores escolares, un problema estructural, que existió siempre y que actualmente tomó características dramáticas. Verá el peligroso crecimiento del analfabetismo tecnológico. Encontrará educadores que necesitan perfeccionamiento, pero que todos los días, lejos de esa suposición que reduce su tarea cotidiana a dar de comer, enseñan.
Existe aún una base sociocultural en la cual apoyar un gran programa político educativo. Pero se hace evidente la inadecuación de las leyes vigentes para llevarlo a cabo. Si bien una recorrida por las provincias permite observar la preocupación de varios gobiernos por mejorar la educación, muchos de sus esfuerzos seguirán quedando aislados —igual que los diversos programas que anuncia el Ministerio de Educación de la Nación— si no se emprenden acciones estratégicas, concertadas entre las jurisdicciones y la Nación.
Como parte de tales acciones, debería adquirirse un conocimiento cabal del estado de la educación en todo el país. Un avance en ese sentido es la consulta realizada entre junio y agosto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a más de 180 mil docentes y a padres/madres, adolescentes y sectores de la comunidad. Esa población representa el 30% de la comunidad educativa nacional. Si se impulsara una investigación semejante en el resto del país, contaríamos con un inédito conocimiento de nuestra realidad educativa.
En la consulta bonaerense, y en opiniones recogidas en otras provincias, la formación y capacitación de los docentes aparece como el problema más mencionado. La formación de los docentes es de interés nacional y alcance estratégico, y un aspecto de otras políticas del mismo orden que es necesario que diseñen y conduzcan coordinadamente el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación (CFE).
Hay que lograr la articulación regional de las políticas educativas y la integración nacional del sistema. Si en el nivel continental, en materia de educación, ya no cabe duda de la necesidad de trabajar regionalmente, de la enorme importancia del Mercosur y de lo que surja y se desarrolle de la inminente Unión Sudamericana, no es posible sostener la desarticulación interna, producto de una transferencia de establecimientos educativos realizada con intenciones desestructurantes y no federalistas y sin el financiamiento adecuado, que paradójicamente perpetuó la histórica dependencia radial de cada provincia respecto a la Nación.
Articular políticas educativas regionales redundaría en sumar, compartir y ahorrar recursos para educación e investigación, evitar superposiciones de carreras y especialidades, detectar y atender las áreas vacantes de conocimientos productivos, vincular mejor los saberes del trabajo con las perspectivas de cada región y adecuar los contenidos culturales propiciando el rescate del lenguaje y las tradiciones.
Para planificar y conducir la educación nacional de manera efectiva, es necesario contar con una legislación apropiada. Casi todos los cambios impuestos por la Ley de Transferencia de 1991 han sido llevados a cabo, sin alcanzar a constituir un sistema educativo nacional de bases federalistas. Dicha ley, y la posterior Ley Federal de Educación, vaciaron de responsabilidades al Ministerio de Educación y no establecieron lazos vinculantes entre las decisiones del CFE, la Nación y las jurisdicciones.
En contra de las soluciones \"unitarias\" que, aunque no se crea, cuentan con adeptos, y, a la vez, para no seguir profundizando una desarticulación que produce altos costos educativos y económicos, lo que hay que sustituir de inmediato es la Ley de Transferencia por una nueva norma, que atienda la organización y financiamiento del sistema educativo nacional y sistematice las resoluciones que el CFE ha debido tomar para solucionar los numerosos inconvenientes derivados. Se fortalecería el sistema educativo nacional, que peligra ante el avance acelerado de opciones educativas del mercado globalizado.
Seguramente el CFE y los legisladores de la mayoría de los partidos coincidirán en los términos de una ley semejante y en la necesidad de dictar la tan retrasada Ley de Coparticipación, para garantizar su cumplimiento. En cuanto a la Ley Federal, sin duda merece una discusión amplia, puesto que su aplicación ha sido distinta en cada provincia, así como los resultados. Dicha discusión debería encontrar un espacio adecuado, fuera de los discursos de campaña electoral que llenarán el espacio público durante los próximos meses.
Sólo si la polémica se instala como corresponde, podrá fundar acuerdos estratégicos. Los conflictos que produjo la insuficiente consulta y el escaso consenso con que contó la Ley Federal de Educación deben ser una señal de advertencia.
