Según la agenda que maneja el Gobierno, está previsto que el proyecto sea aprobado por las comisiones del Senado el 8 de noviembre, y convalidado en el recinto tres días más tarde. También, que el trámite sea igual de rápido en Diputados.
Hay, en todo esto, un implícito que salta a la vista: igual que otras, la ley debería ser sancionada por ambas cámaras según sus actuales composiciones.
Un trabajo que circula entre algunos legisladores —elaborado por la consultora Economía y Regiones— le pone números tentativos al emprendimiento.
Uno es que el gasto total en educación saltaría de 22.272 millones a 53.605 millones, entre 2005 y 2010: eso es lo que significaría que pase del actual 4,2% del PBI al 6%. Dos, que la diferencia de 31.333 millones entre el punto de partida y el de llegada debería ser cubierta de la siguiente manera: 20.935 millones a cargo de las provincias y 10.398 por parte de la Nación.
Aquí aparece uno de los reparos provinciales. Según la ley, en la cuenta de ellas debería cargarse el 60% del aumento del gasto en educación. Pero los 20.935 millones representan 66,8%. Algunos otros son los que siguen:
Los cálculos dan que, al menos en 2006, el 80% de las mayores erogaciones será asignado a mejorar los sueldos docentes. Y la conclusión es que eso desatará demandas por reajustes equivalentes en otros sectores de sus propias administraciones: empleados públicos, trabajadores de la salud y policías.
El incremento del gasto en educación, derivado de la ley, será cubierto por el aumento de los ingresos que percibirán por la coparticipación impositiva. Pero como el PBI crecerá, también les significará un esfuerzo fiscal adicional mantener constante la actual relación entre gasto y PBI: dicho de otro modo, esa plata no será la misma que ahora. Así, la cuenta educativa provincial total llegaría a 37.426 millones en 2010, contra actuales 16.481 millones: subirá 127% en cinco años.
El resultado sería, entonces, que las provincias deberían desviar recursos de otras partidas presupuestarias para cumplir plenamente con la ley. Y eso sin computar eventuales mayores gastos derivados de reclamos gremiales paralelos.
Frente a este panorama, ya ha comenzado a plantearse una alternativa, que podría quedar plasmada en la reglamentación de la norma. Consiste en que el monto que las provincias actualmente destinan a la educación se mantenga fijo, o sea, que no suba con el crecimiento del PBI, y que sí aumente el futuro. Claro que eso menguaría considerablemente los recursos que surgen de la letra de la ley.
Otra alternativa es que la Nación comparta el costo que el emprendimiento les significa a las provincias. Pero no parece fácil que Roberto Lavagna esté dispuesto a aceptarla. Más, después de haber anunciado que se frenará el gasto público y que será esterilizado, en una cuenta indisponible, cualquier incremento en la recaudación por encima del presupuestado.
Pero, además de todo esto, las cuentas provinciales deberán entrar en el corset que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) les impone a sus gastos. Atender las mayores erogaciones derivadas de la próxima ley educativa, preanuncia ajustes fiscales en el interior. Y probablemente no los evitaría que se encontrase una fórmula para vulnerar —sin aparecer haciéndolo— la LRF, en su primer año de vida.
Lo cierto es que, quieran que no, el Gobierno nacional les retendrá el porcentaje de la coparticipación destinado al financiamiento educativo. Y después controlará que sea efectivamente aplicado de acuerdo con lo que establece una ley originada en el Poder Ejecutivo.
Si esto vulnera la autonomía de las provincias, puede ser una discusión que alguno plantee. Pero no parece que haya demasiado margen para reclamos, después del poder con que el Presidente emergió de las elecciones. Y así no estén en cuestión los objetivos de la ley educativa, sino cómo se la financia.
Alcadio Oña. aona@clarin.com