El proyecto —directamente relacionado con la recuperación de la producción nacional— facilita la desgravación impositiva para aquellas empresas privadas que hagan aportes directos a la educación técnica. Y prevé un fondo nacional inicial de aproximadamente 1.800 millones (no menos del 0.2% de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional para el sector público), destinada a reacondicionar las 1.580 escuela técnicas que existen hoy en la Argentina. Y que se encuentran muy deterioradas porque "en la década del 90 estuvo casi proscripto el título de técnico a causa de un modelo económico basado en la actividad financiera —señaló el ministro de Educación, Daniel Filmus—. Hoy, el 15% de los puestos de trabajo que se abren en la industria textil, la informática o la construcción, no pueden ser cubiertos por falta de capacitación", agregó.
Su directa relación con el mundo del trabajo generó diversas discusiones desde que se presentara el primer anteproyecto, en noviembre pasado. A partir de allí se incorporaron modificaciones propuestas por los gremios docentes (CTERA, UDA, SADOP y AMET), las centrales sindicales (CGT y CTA), los colegios técnicos y los representantes de los sectores productivos y empresariales como la UIA y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otros.
De aprobarse, la educación técnica volverá a unificarse en todo país en seis años de formación, y con exigencias de calidad homologadas por el INET y el Consejo Nacional de Educación. De este modo, si bien cada provincia decide su propia currícula (tal como lo exige la Ley de Educación vigente) no podrán aplicarse sin dicha certificación de calidad.
*Alejandra Toronchik. /atoronchik@clarin.com