Más de 400 profesionales y 200 pasantes de la Universidad de Buenos Aires saldrán a controlar el estado de las escuelas públicas porteñas. Así lo anunciaron ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, y el rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, quienes firmaron un protocolo para que la Universidad certifique la calidad edilicia de los establecimientos educativos que dependen de la Secretaría de Educación. Este anuncio llega después de una serie de protestas de padres y estudiantes en reclamo de mejoras edilicias.

Los profesionales que controlarán las escuelas serán arquitectos e ingenieros, que verificarán que los edificios cumplan con las condiciones de seguridad, estabilidad e higiene. Las inspecciones se harán sobre 674 establecimientos, en los que funcionan 770 escuelas, ya que algunas comparten sus sedes.

Si se encuentran en buen estado, los certificarán con un "apto". En caso contrario, podrán sugerir obras y diseñar proyectos para mejorarlos. La Secretaría de Educación porteña se comprometió a implementar los arreglos recomendados antes del comienzo del ciclo lectivo 2006.

"La edificación escolar no está en peligro —afirmó la secretaria de Educación, Roxana Perazza, quien también participó en los anuncios—, pero entiendo que hay intranquilidad. Queremos que un actor reconocido como la UBA complemente el trabajo que realiza Infraestructura Escolar".

Por su parte, Ibarra negó que se le encargue el relevamiento a la UBA porque las escuelas sean inseguras. "Los edificios escolares se relevan en forma permanente, porque se les da un uso intensivo —aseguró—. Lo que buscamos es aprovechar la experiencia y el conocimiento de la UBA".

El programa será financiado por el Gobierno de la Ciudad, que en una primera etapa le transferirá $ 1.260.000 a la Universidad. En los próximos días, la UBA abrirá un padrón para que se inscriban docentes de las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Entre ellos se seleccionará a los más de 400 profesionales que conformarán 210 equipos de trabajo, diez por cada distrito escolar, que empezarán a recorrer las escuelas de inmediato. Estos equipos se completarán con 200 pasantes, que serán estudiantes o graduados de la UBA.

En un plazo de entre 60 y 90 días, los equipos entregarán un diagnóstico acerca del estado de las escuelas. Los tres puntos claves que van a controlar son las estructuras, la seguridad en caso de incendio y el sistema eléctrico. Por ejemplo, van inspeccionar que no haya mampostería inestable o que las armaduras de hierro de las columnas estén en buen estado para sostener la estructura. También verificarán que los edificios cuenten con disyuntores en buen funcionamiento.

"Infraestructura Escolar hace un relevamiento continuo, pero ahora se va a sumar otra opinión independiente para certificar que las escuelas están aptas para que se dicten clases —insistió el subsecretario de Coordinación de Recursos de Educación, Luis Rey—. Porque puede ocurrir que algunos edificios, sobre todo los más antiguos, no cumplan con algunas normas modernas, pero eso no significa que son peligrosos. Paralelamente, vamos a seguir trabajando para adecuarlos a las normas vigentes".

El protocolo anunciado ayer se enmarca en el Convenio Integral de Cooperación entre la UBA y el Gobierno porteño, firmado hace un año. Como parte de este convenio ya se implementaron programas, como la visita de científicos a escuelas medias o el otorgamiento de becas de capacitación para docentes porteños en el Centro Cultural Rojas.

En 2001, la facultad de Arquitectura de la UBA hizo un relevamiento en 704 de las 770 escuelas. Y detectó que el 10% no tenía matafuegos, y que en el 53% estaban vencidos o incompletos. También informó deficiencias en la instalación eléctrica en el 65% de las escuelas. Actualmente, un tercio de los establecimientos se encuentran en obras, con una inversión total de más de 75 millones de pesos. Y en las últimas semanas Ibarra anunció planes para acelerar los trabajos.

* Nora Sánchez/ nsanchez@clarin.com

La otra mirada, porGermán Cerveto / gcervetto@clarin.com

La intervención de expertos de la UBA para evaluar el estado edilicio de los colegios porteños es un hecho saludable. Aunque los errores siempre pueden ocurrir, el acuerdo ofrece de movida una garantía doble: el renombre de la Universidad y a la vez, una mirada independiente para evaluar una cuestión delicada para los porteños y sus hijos en edad escolar. Así se evita que el Gobierno sea juez y parte en un conflicto que movilizó a padres y estudiantes preocupados por su seguridad y su mínimo bienestar en las aulas. De todas formas, en algunos casos no son necesarias demasiadas auditorías para comprobar que hay edificios muy deteriorados. Los controles no deben quedarse allí: después deben venir las obras.