El Gobierno y los cuatro gremios docentes con representación nacional acordaron ayer elaborar en conjunto un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que deberá estar listo en 30 días.

Esta reunión se produjo a seis días del paro nacional docente de CTERA, el primero en la gestión Kirchner. Con el respaldo de los maestros en el paro, los dirigentes sindicales llegaron fortalecidos a la mesa de negociación convocada por el ministro de Educación, Daniel Filmus.

Preocupado por la fuerte adhesión que tuvo la medida y la masiva movilización al Congreso, el Gobierno busca ahora calmar los ánimos docentes. Aunque no trascendió la letra chica del acuerdo entre las dos partes (ver Los puntos...), ayer quedó claro que, por el momento, las autoridades y los maestros están dispuestos a sentarse a discutir. Así lo aseguraron los dirigentes de CTERA, SADOP, AMET y UDA.

Al finalizar el encuentro, Filmus se encargó de aclarar que el Poder Ejecutivo en pleno —y no sólo el Ministerio que conduce— está atrás de este acuerdo; destacó que tiene el aval del Ministerio de Economía para avanzar en el texto de una ley que garantice el 6% del PBI para la inversión educativa, y que existe una "imperiosa necesidad" de que el Congreso apruebe la ley este año. Las autoridades nacionales intentan que el texto esté listo cuanto antes para que el compromiso de inversión pueda ser incluido en el Presupuesto 2006.

Si se aprueba y si llegara a aplicarse, esta ley tiene un objetivo enorme: nada más ni menos que convertirse en una garantía para terminar con las desigualdades educativas. Algo así como lograr que los argentinos, vivan donde vivan, reciban una educación de calidad homogénea.

Estos objetivos no son nuevos. La Ley Federal de Educación sancionada en 1993 preveía alcanzar una inversión educativa equivalente al 6% del PBI en cinco años. Pero nunca se cumplió. Consultado acerca de por qué ahora habría de cumplirse esa meta en el futuro, Filmus respondió que "habrá mecanismos claros para estipular los aumentos progresivos en la inversión".

Al ritmo del crecimiento actual del PBI, en 2006 el 6% que pretende Educación rondaría un incremento de 9.000 millones de pesos a la inversión actual. Y si la economía sigue creciendo, en 2010 esa cifra crecería hasta los 22.000 millones. El gran dilema es cómo harán las jurisdicciones para garantizar semejante aumento en sus partidas: casi el 70% de la inversión educativa corresponde a las provincias, que destinan el 90% a salarios.

Con los sistemas educativos descentralizados, la Nación no puede obligar a los gobiernos provinciales a afrontar estos gastos. Por eso, no se descartaría algún otro tipo de recentralización del tema salarial docente —ya existe el FONID que financia una mejora de 110 pesos mensuales a los maestros del país—, con una fuerte incidencia de Nación. De otro modo sería difícil lograr un salario unificado.

CTERA quiere una ley que otorgue a la educación su rango de "derecho social", terminar con la desigualdad salarial docente y de inversión por alumno, lograr un piso del 6% del PBI como inversión educativa, una solución estructural que termine con los conflictos provinciales, mejores escuelas. Todos objetivos tan complicados de alcanzar sin un fuerte respaldo político.

Los puntos del compromiso

El acta que ayer firmaron el ministro Filmus y los representantes de los principales gremios docentes contempla cuatro puntos:

Discutir las bases de una ley de financiamiento integral para el sistema educativo.

Definir metas y objetivos de inversión educativa.

Fijar que el compromiso de inversión deberá alcanzar el 6 por ciento del PBI.

Establecer que la ley debe ser un mecanismo para generar un piso de igualdad de inversión que asegure condiciones equivalentes para alumnos y docentes de todo el país.

Constituir una comisión con representantes del Ministerio de Educación y de las entidades gremiales para consensuar una propuesta en el término de 30 días.

En el acta no figura en qué plazo se alcanzaría la meta del 6% del PBI. 

Un bull-dog en la mira

"No se puede buscar el equilibrio fiscal ajustando en la Universidad". Lo dijo ayer Roberto Lavagna, en crítica alusión a lo hecho por López Murphy como ministro de Economía de la Alianza.

Victoria Tatti. /  vtatti@clarin.com