En 1993, cuando se promulgó la actual Ley Federal de Educación, se estableció que en la Argentina sólo serían obligatorios diez años de escolaridad: uno de nivel inicial y nueve más de Educación General Básica (EGB). Esto hoy, para la inmensa mayoría de los argentinos, resulta totalmente insuficiente. Cuando el Gobierno se apresta a lanzar la convocatoria a un debate nacional sobre la Ley Federal de Educación, una encuesta reveló que para el 95,6% de las personas consultadas la enseñanza obligatoria debería extenderse hasta la finalización del secundario. Es decir: para la gente, la enseñanza básica debería durar tres años más que ahora.
 
El sondeo arrojó otros resultados que revelan la trascendencia que tienen las cuestiones educativas entre los argentinos. Cuando se les preguntó, por ejemplo, qué nivel de relevancia se le asignaba a la renovación de los contenidos educativos cada cinco años, el 96,5% eligió la opción "alta/mediana importancia".
 
Los datos corresponden a una encuesta sobre 1.000 casos, en todo el país, a la que tuvo acceso Clarín. Fue realizada por la consultora CEOP y los resultados ya están en conocimiento del Gobierno nacional.
 
Probablemente las autoridades tomarán muy en cuenta los resultados de este sondeo, más aun ahora que la actual Ley Federal de Educación —es la número 24.195 y fue promulgada durante la administración de Carlos Menem— tiene los días contados.
 
El fin de la 24.195 empieza a escribirse hoy mismo: el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Educación, Daniel Filmus, anunciarán la apertura de un "debate nacional" que tendrá por fin renovar la estructura del actual sistema educativo.
 
"Se pretende una Ley de Educación Nacional para el siglo XXI que tenga el acuerdo y el compromiso de todos", adelantó Juan Carlos Tedesco, viceministro de Educación. Según informaciones preliminares, para elaborar el anteproyecto de la nueva norma se buscará la participación de toda la comunidad educativa: docentes, gremios, academias, institutos y personalidades.
 
El debate se extendería hasta fin de año. Si se cumplen todos los plazos que manejan en el Gobierno, durante el primer semestre de 2007 el Congreso debería sancionar la nueva ley. La norma, se descarta, insistirá con la universalización del nivel inicial y la obligatoriedad del secundario.
 
Además del aggiornamiento para los tiempos actuales, se supone que la nueva ley buscará homogeneizar de cierta manera una misma estructura educativa para todo el país. Aunque suene a broma, en estos momentos conviven en la Argentina 54 modelos educativos diferentes. Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires la educación se divide en primaria y secundaria y, en la provincia, en la Escuela Primaria Básica (EPB) y la Educación Secundaria Básica (ESB).
 
De la encuesta también surge que la población ve necesario modificar la Ley de Educación. "Según su opinión —se le preguntó a la gente— ¿es necesario implementar una nueva ley educativa para mejorar la calidad de la educación?" El 77,8% contestó que sí. Un 18,7% dijo que no y apenas el 3,5% se inclinó por la opción "no sabe/no contesta".
 
Otras consultas que se hicieron fueron las siguientes:
 
- "¿Convendría que exista un mismo sistema educativo en todas las provincias?" El 87% de los sondeados respondió que sí.
 
- "Si en la nueva ley de educa ción se incluyera como contenidos una segunda lengua (otro idioma) e informática, ¿usted cuál de estas opciones preferiría". El 83% de la gente dijo que se inclinaba por la enseñanza de ambas. El 9,4% eligió que se incluya sólo informática y el 5,6% contestó que prefería sólo un segundo idioma. El restante 2,1% no escogió ninguna de las opciones o dijo que no sabía.
 
Para la realización de la encuesta, además, se le leyó dos frases a la gente para que mostrara su nivel de acuerdo con cada una:
 
- "Para mí el aumento a los docentes no debe depender sólo de la antigüedad sino de su capacitación y nivel de conocimientos". El 89,2 por ciento de los consultados se mostró "total" o "parcialmente" de acuerdo con esa afirmación. En desacuerdo sólo dijo estar el 9 por ciento.
 
- "Yo creo que el Estado Nacional debe intervenir cuando en una provincia está en riesgo el derecho de la igualdad de la educación de los chicos". El 91,7 por ciento contestó que estaba "total" o "parcialmente" de acuerdo con esa sentencia. Apenas el 7,7% respondió estar en desacuerdo.
 
El debate entre los expertos empieza hoy. Esta encuesta quizá los ayude a conocer qué espera la sociedad de una ley esencial como la de educación.
 
EDUCACION: UNA LECTURA DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA
Un sistema desarticulado
 
El Gobierno nacional ha planteado el inicio de un proceso que culminará en una nueva ley de educación para nuestro país. La encuesta le presenta expectativas de la población que no resulta difícil anticipar. Los medios reclamados para ello son los ofrecidos por las preguntas, y merecen discutirse.
 
La cuestión antecedente es preguntarnos qué puede ofrecer una nueva ley de educación en el presente y para el futuro. Deberá ir más allá de la revisión de lo que está mal planteado en la Ley Federal de Educación, o de sus efectos más cuestionados. Deberá tratar asuntos hoy problemáticos como la garantía del derecho social a la educación y la regulación de la educación a distancia. E integrar los aspectos sustantivos de las leyes recientes de Educación Técnico-Profesional y de Financiamiento Educativo.
 
La estructura del sistema educativo será probablemente el asunto más debatido. A trece años de la ley en vigencia, el sistema está desarticulado y es injusto en las oportunidades de escolarización y los aprendizajes reales. Pero la homogeneidad no es por sí misma un valor al que deba regresarse si se busca la plena inclusión educativa. Hoy tenemos un sistema diversificado como si fuera federal, pero sin las regulaciones que un sistema federal requiere para que la diversidad no produzca atomización e injusticia. Más que recentralizar funciones, hay que robustecer el basamento jurídico del federalismo sin confundirnos: las oportunidades educativas no eran justas cuando el sistema era unificado, y sistemas diferentes no son per se contrarios a la homologación de los aprendizajes, como muestra la experiencia de la Unión Europea.
 
El debate sustantivo y pendiente es el del gobierno de la educación. Vuelve a discutirse la cuestión de la principalidad del Estado con respecto a otros actores. Necesitamos nuevas definiciones de las competencias del Ministerio nacional, de las provincias y del Consejo Federal en la determinación real de las políticas educativas. Y definir modos de participación social en educación, sin entregarnos a un clima de época que cuestiona al Estado en su capacidad para hacerse cargo de la educación.
 
Resulta alentador que el Gobierno nacional haya ampliado los plazos que previó inicialmente para tratar la nueva ley, y auspicioso que las organizaciones sindicales docentes estén públicamente comprometidas en el proceso; es necesario que otras voces se sumen. Pero debe saberse que no se alcanzará un acuerdo generalizado, y que serán las instancias institucionales de representación las responsables de saldar los desacuerdos.
 
Lo que definan será menos volátil si la ley se pronuncia sin ambigüedad sobre las cuestiones sustantivas, y evita entrar en detalles o estabilizar asuntos de suyo proclives al cambio, como la selección de contenidos escolares o la frecuencia de su actualización.
Por Flavia Terigi. Flacso. Ex vicem. Educación de la Ciudad
 
Qué establece la ley vigente
 
La Ley Federal de Educación sancionada en 1993 estableció diez años de escolaridad obligatoria. Y modificó la estructura del sistema educativo tradicional argentino de siete años de primaria y cinco de secundaria.
 
A partir de ese momento, se aplicaría "en forma gradual y progresiva" un sistema integrado por la educación inicial para chicos de 3 a 5, siendo obligatorio el último año; la Educación General Básica (EGB) de nueve años, obligatoria, dividida en tres ciclos de tres años; y el Polimodal después del cumplimiento de la EGB de tres años, no obligatorio.
 
Además, fijó la actualización de los contenidos que deberían aprender los chicos en todo el país y fijó pautas para el financiamiento educativo.
 
Desafío
 
Victoria Tatti vtatti@clarin.com
La Ley Federal de Educación agudizó males, produjo pocas mejoras y generó tantos enemigos y defensores que finalmente se ganó la virtud de instalar el debate sobre la crisis de la educación argentina. Hace trece años se lanzaba la reforma en todo el país y el resultado está a la vista: hoy hay más chicos en las escuelas, pero aprenden menos. No sólo no cerró la ecuación calidad y cantidad sino que el sistema se fragmentó en 24 jurisdicciones y al interior de ellas. Lo preocupante de esto es que en el país no está garantizada la homogeneidad de los aprendizajes: los chicos aprenden más o menos según dónde vivan. Con la nueva ley, el Gobierno irá detrás de un sistema nacional en el que no haya alumnos de 1ª y de 2ª. ¿Alcanzará una ley?