Nuestra sociedad es profundamente desigual. No es ninguna novedad.
Sin embargo, deben existir mecanismos para combatir o al menos moderar los efectos de esta desigualdad para las futuras generaciones, entre los cuales se ubica en primer lugar la educación pública. Mejor dicho, una educación pública de excelencia que a la vez desarrolle dispositivos que aseguren que los niños y jóvenes de origen humilde puedan acceder a ella y alcanzar los medios para competir, para escapar a una lógica que tiende a congelar el destino de las personas según su lugar de origen.
La Universidad de Buenos Aires, que posee un pasado que en parte apoya esta postura y tiene autoridades que defienden públicamente esta tesitura, acaba de dar una muestra de que las prácticas están muchas veces alejadas de los ideales proclamados.
Se acaban de otorgar las llamadas "becas nominales" para estudiantes que quieren realizar estudios de posgrado, integrados en los proyectos de investigación existentes en la universidad (UBACyT), aplicando a rajatabla, y con una lógica regresiva, un reglamento que castiga a los estudiantes de origen humilde que han debido trabajar simultáneamente al desarrollo de sus estudios de grado.
Según dicho reglamento, sólo pueden aspirar a estas becas de posgrado aquellos alumnos que cumplan ciertas condiciones, entre las cuales se encuentra que "la regularidad de la carrera no debe exceder el año y medio de la duración estándar".
Dicha condición que, con cierta lógica, tiende a castigar a los "alumnos crónicos", genera un problema mucho más grave: los estudiantes de familias con escasos recursos, que deben trabajar muchas horas por semana para mantenerse y ayudar a la manutención de sus familias, cursan en general sus carreras de grado (en los casos bastante excepcionales en que llegan a la educación universitaria) de manera mucho más lenta que aquellos provenientes de familias mejor situadas, que tiene la suerte de poder dedicarse con exclusividad al estudio.
En este concurso de becas que se acaba de producir, se presentó una excelente alumna en el marco del UBACyT que dirijo, con muy buen promedio, con un proyecto de investigación muy interesante y sólido para hacer el doctorado de historia, pero que, debido a la necesidad de trabajar durante casi toda su permanencia en la carrera de grado, la realizó en un plazo que excede el que establece el reglamento.
Pese a que reclamé (con el apoyo de las autoridades de mi facultad) a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y expliqué reiteradamente las causas de la prolongación de la carrera de esta estudiante, apenas obtuve respuestas lacónicas y reglamentaristas.
Creo también que, más allá de este caso puntual (que por otra parte no es el único en este concurso de becas), es necesario abrir un debate profundo sobre las vías para permitir que la educación pública pueda cumplir en la realidad y no sólo en las palabras su función de igualadora de oportunidades que teóricamente tiene asignada en una sociedad democrática, pero extremadamente desigual. Entre los temas que deben ingresar de manera urgente en la agenda de discusión debe estar también en primer plano el de la mujer. La maternidad y las responsabilidades familiares que siguen asumiendo en la mayoría de los casos deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer reglas como los límites de edad que hoy cunden en las universidades y en el CONICET para obtener becas o ingresar a la carrera de investigador científico.
Una regla formalmente igualadora en estos casos no hace más que perpetuar desigualdades de origen o de situación, que deben ser tenidas en cuenta con políticas que promuevan una verdadera igualdad de oportunidades.
