Según el oficialismo, el país pasará de destinar este año para Educación, Ciencia, y Tecnología cerca de $ 23.000 millones y unos $ 53.000 millones en 2010.
La iniciativa fue aprobada "en general" por unanimidad (tuvo 60 votos) pero la oposición cuestionó algunos artículos, entre ellos el séptimo, que hace una asignación específica (para aplicar a educación) de fondos coparticipables de las provincias que dejan de disponer libremente de esa porción. Según la Constitución, hacía falta una mayoría calificada de 37 votos. El oficialismo obtuvo 43 contra 17.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo —el ministro de Educación, Daniel Filmus, estuvo presente ayer en el recinto—, plantea los siguientes objetivos:
Incluir en el nivel inicial al 100% de la población de 5 años.
Garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria.
Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos para garantizar la inclusión y permanencia escolar de niños de hogares pobres.
Erradicar el analfabetismo.
Fortalecer la educación técnica y la formación profesional.
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes.
El incremento previsto se tomará sólo de "recursos incrementales": se sobreentiende que el PBI crecerá permanentemente en los próximos cinco años. Es decir que los recursos no se quitarán a otras áreas, como podría suponerse. Por si se diera la situación de que en algún momento se detuviera el crecimiento, se incluyó una "cláusula de contingencia" para reformular las metas de inversión.
Como el Senado es la Cámara que representa a las provincias, la ley tuvo el cuestionamiento opositor de cómo se reparten las cargas: el proyecto dice que la Nación cargará con el 40% del esfuerzo del gasto en educación, y que las provincias —cuyos principales recursos son de la coparticipación de impuestos— pondrán el 60% restante. La UCR planteó sin éxito que el aporte sea equitativo.
Por el lado de las provincias, el incremento que sostengan se destinará "prioritariamente" —dice la ley— a mejorar las remuneraciones docentes. Además, se prorrogó la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años —retroactivo al 1º de enero de 2004-, y se creó un Programa Nacional de Compensación Salarial Docente para superar desigualdades entre provincias.