El marco de mediocridad no es igual para todos, ya que las clases medias y altas tratan de resolver la educación de sus hijos a través de escuelas privadas, lo que incrementa la segregación socioeconómica. La población parece percibir que las soluciones son individuales y que es poco lo que se hace para mejorar al conjunto.
Es necesario recuperar la política educativa como herramienta de mejoramiento de la educación. Una política educativa nacional, federal y con un liderazgo positivo, capaz de convocar a la población a la construcción de un proyecto educativo para todos, poniendo en práctica una estrategia que contemple el financiamiento y la calidad y que articule valores compartidos.
Es impostergable contar con una Ley de Justicia Educacional que brinde un financiamiento adecuado, destinando fondos mínimos por escuela y por alumno y a la vez estipule un régimen laboral docente que garantice un piso salarial digno y condiciones profesionales atractivas. Para que esto sea haga realidad, es necesario constituir un fondo compensador de carácter federal, que supla las deficiencias de cada provincia, asistiendo directamente a alumnos y docentes.
Se hace indispensable también contar con estándares de conocimientos. No parece atinada la idea de insistir con los denominados "núcleos de aprendizajes prioritarios", que, con otro nombre, ya han sido implementados durante los años noventa. Al igual que en otros países (desde Estados Unidos a Australia y desde Colombia a Brasil) los estándares evaluables resultan la mejor herramienta tanto para determinar qué es lo que los alumnos habrán de aprender y cuál es el nivel alcanzado, como para informar a toda la población acerca del estado de la educación.
Si bien esos estándares deben aplicarse a los alumnos de todo el país, cada provincia y cada escuela deben conservar márgenes importantes de autonomía para enseñar. El consenso acerca de estos saberes irá mitigando la actual fragmentación del sistema educativo argentino.
Es necesario asimismo reflotar los operativos nacionales de evaluación educativa, que se encuentran discontinuados. Si bien las evaluaciones implementadas en los años noventa mostraban problemas políticos, institucionales y técnicos, resultan una herramienta indispensable para actuar sobre el sistema educativo: hay que mejorarlos, no eliminarlos.
Se debe jerarquizar al actual Consejo Federal de Cultura y Educación, regulado por la Ley Federal de Educación, y convertirlo en una poderosa agencia federal que sea capaz de construir consensos, conseguir buen nivel técnico y acordar políticas vinculadas al conocimiento escolar.
Es indispensable fortalecer a las escuelas y a los educadores, desburocratizar la tarea escolar y apuntalar la capacidad de decisión de las comunidades educativas para construir un proyecto que concite los esfuerzos de docentes, alumnos y familias.
Respecto del Ministerio de Educación de la Nación, éste debe seguir siendo un ministerio sin escuelas pero con un rol activo para elaborar y gestionar políticas prioritarias para la Nación respecto de la violencia, deserción escolar, universalización del nivel inicial, apoyo a la innovación pedagógica, edificación de escuelas, reconstrucción de habilidades técnicas y articulación con el mundo del trabajo, aplicación de nuevas tecnologías y formación docente de calidad.
Nada de esto es posible sin un auténtico liderazgo político que vuelva a poner a la educación en el centro de la escena.
