Hace un mes, la Asociación Empresaria Argentina dio a conocer el documento —"Una Agenda Empresaria para la Inversión y el Crecimiento Sostenido"— por medio del cual los empresarios integrantes de la Asociación expresamos nuestra visión sobre las políticas públicas más propicias para el crecimiento económico y el desarrollo social de la Argentina.
Uno de los puntos fundamentales señalados en dicho documento es la necesidad de "volver a establecer a la educación como una opción estratégica, para lo cual hay que asignar suficientes recursos al sistema educativo, como así también fomentar y evaluar sistemáticamente su calidad." En línea con esta posición, la AEA ha manifestado públicamente su más decidido apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo impulsado por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.
La educación pública es fundamental para el modelo de país socialmente integrado, con fuerte movilidad social, y al mismo tiempo tecnificado y competitivo que propone la AEA en su "Agenda". La educación es la base de la igualdad de oportunidades en una sociedad pluralista, abierta y democrática, y, al mismo tiempo, es la fuente última de nuestra competitividad como país.
AEA considera que la construcción del capital humano de la Nación es la tarea central del desarrollo económico y social, en la economía mundial del conocimiento que ya estamos viviendo hoy. En este sentido, el futuro de la actividad productiva en nuestro país, y consiguientemente los niveles de productividad, riqueza y bienestar que podamos alcanzar, dependerán crucialmente de la inversión en educación que realicemos en los próximos años.
La Ley de Financiamiento Educativo que propone el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología establece como política de Estado la prioridad de la educación en la asignación de los recursos públicos nacionales y provinciales, elevando al 6% del PBI la inversión educativa consolidada de la Nación y las provincias. La Asociación Empresaria Argentina considera que un aumento significativo de la inversión en educación, tal como el propuesto en este proyecto de ley, es una condición necesaria para mejorar de manera sustantiva el nivel educativo de la Argentina, objetivo central de una estrategia-país orientada al desarrollo social y económico como la que sostiene AEA.
Por esta razón, y sumándonos al decidido apoyo que ha merecido esta iniciativa por parte de amplios sectores de la sociedad, instamos a los gobiernos provinciales a que apoyen el Proyecto, y a los legisladores nacionales a que lo traten y aprueben durante este período legislativo.
A 120 años de haberse sancionado la Ley 1.420 de educación gratuita, laica y obligatoria, que encarnó los ideales de la Generación del Ochenta, y sentó las bases para el destacado nivel educativo alcanzado por la Argentina a comienzos del siglo XX, el Congreso Nacional tiene ante sí la oportunidad histórica de marcar un nuevo hito, estableciendo un compromiso cierto que asegure el financiamiento de la inversión en educación requerido para cumplir con metas de prioridad y relevancia indiscutida.
En esta iniciativa, el apoyo de los gobiernos provinciales es decisivo, ya que sobre ellos recaerá el mayor esfuerzo económico, y tendrán la responsabilidad de ejecutar la mayor parte del aumento presupuestario que se propone, aceptando para ello la afectación de fondos coparticipados. Esta asignación específica y automática de fondos de la coparticipación convierte a este proyecto en un compromiso serio que supera la mera retórica y lo dota de robustez para evitar el incumplimiento de las metas presupuestarias.
Como contraparte, el compromiso de la Nación de elevar de 22% a 40% su participación en el presupuesto educativo agregado contribuirá a integrar territorialmente el sistema educativo, compensando las desigualdades de recursos de las provincias. La acción compensadora del Estado nacional es necesaria para promover una efectiva igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino y afianzar la unidad del sistema educativo como elemento cohesivo de un federalismo a la vez eficaz y solidario.
En cuanto a la equidad social, la educación pública tiene un rol decisivo como potente instrumento de la integración social, como lo demostró la experiencia argentina de la primera mitad del siglo XX. No fueron casuales la alta movilidad social y la fuerte participación de la clase media que caracterizaron a la Argentina vis a vis sus vecinos de Latinoamérica, sino consecuencias últimas del proyecto educativo de la Generación del 80.
En este sentido, la reciente recuperación económica luego de la profunda crisis que padecimos, y el amplio consenso social alcanzado en torno a la prioridad de la educación representan una nueva oportunidad de retomar aquel sendero. Esto es hoy más necesario que nunca, debido a los graves problemas sociales que padecemos.
Para terminar con el flagelo de la pobreza masiva, y todos los males sociales concomitantes que aquejan a nuestro país, es necesaria una estrategia exitosa de desarrollo económico sostenido, que genere trabajo por medio de la inversión productiva. Como parte central de esta estrategia, debemos integrar a los más pobres al sector formal de la economía, que es el que paga las mejores remuneraciones. Pero las empresas formales requieren crecientes niveles educativos y de capacitación, para lo cual es necesaria una política educativa específicamente orientada a garantizar a todos los habitantes la posibilidad de alcanzar estos estándares.
Por una parte, hay que fortalecer la capacitación y la educación específica para el trabajo por medio de la educación técnica, y articulando el ámbito de las escuelas con el de las empresas. La Asociación Empresaria Argentina ha desarrollado un programa específico en este sentido, pero es mucho más lo que debería hacerse, siguiendo ejemplos exitosos de otros países en los que la vinculación entre escuelas y empresas es parte integral del sistema educativo.
Por otra parte, el sector formal requiere, cada vez más, trabajadores con "competencias horizontales" tales como iniciativa, capacidad de aprendizaje, de expresión y comunicación, de trabajo en equipo, y fundamentalmente una ética personal del esfuerzo y la responsabilidad.
Estas capacidades se ejercitan desde la primera infancia en distintas esferas de formación y principalmente en el sistema educativo formal. Por esto es que debemos aspirar a que todos los niños las obtengan, en particular aquellos que hoy se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y así puedan romper el círculo vicioso transgeneracional de la pobreza. Para ello, debemos garantizar la inclusión de todos los niños en un sistema educativo de calidad.
Las metas planteadas por el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo —tales como alcanzar en 2010 un 100% de niños de 5 años en jardín de infantes, garantizar 10 años de escolaridad obligatoria, avanzar en la universalización del nivel medio, la extensión de la doble jornada entre los niños más pobres, la jerarquización y profesionalización de la carrera docente, la enseñanza universal de un segundo idioma, la difusión de la informática y el equipamiento de las escuelas técnicas— son objetivos totalmente alineados en este sentido, cuya necesidad, oportunidad y contribución al desarrollo social y económico de nuestro país con indiscutibles.
Los argentinos podemos y debemos aspirar a cumplir estas metas en el 2010. Para ello, todos los sectores debemos asumir el protagonismo y la corresponsabilidad con este proyecto, permitiéndonos el debate, aportando diferentes puntos de vista y monitoreando que los compromisos establecidos para cada jurisdicción se hagan realidad.
Por su parte, nuestros legisladores tienen ahora la responsabilidad principal de dar el primer paso en este camino, convirtiendo en Ley el proyecto propuesto por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Es una oportunidad histórica para dar una respuesta concreta y material a la demanda social por mejor educación, comprometiendo por igual a las provincias y a la Nación en una verdadera política de Estado de financiamiento educativo.
* Luis A. Pagani. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION EMPRESARIA ARGENTINA (AEA)